Una semana después de que un grupo de “gorilones” los sacara con el respaldo de un actuario y al menos 100 elementos de la Policía capitalina, miembros de las 27 familias que fueron desalojadas con violencia de sus departamentos o locales comerciales del inmueble de República de Cuba 11 se mantienen en un campamento en el que conviven entre camas, roperos, sillas y otros enseres que les fueron lanzados a la calle.
Entre quienes perdieron su hogar se encuentran principalmente adultos mayores que han vivido en el edificio durante décadas, menores de edad que crecieron en esos espacios y familias completas con sus mascotas.
Para estas familias, el desalojo fue un ataque a su patrimonio, una violación a sus derechos humanos, a su dignidad y sus recuerdos familiares.
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Con el respaldo de organizaciones civiles, los miembros de estas familias afectadas se dieron tiempo para organizar una conferencia de prensa en la que actualizaron su caso, uno más en la Ciudad de México en el que el abuso y la complicidad entre particulares, burocracia y jueces ha lanzado a la calle a adultos mayores, en su mayoría, que a nadie hace daño.
Señalaron que, aunque el despojo tenía una orden judicial de respaldo, esta no tenía los alcances necesarios para desalojar a todos los inquilinos, ya que se limitaba a instruir a un tercero para que firmara escrituras de propiedad y entregara el inmueble al nuevo propietario, pero no extinguía la relación contractual que los inquilinos mantenían con el arrendador.
Los vecinos enfatizaron que su desalojo no se debió a falta de pago de rentas o a que hubieran invadido el inmueble. Por el contrario, siempre mantuvieron su condición de inquilinos y nunca se negaron a cumplir con sus obligaciones de pago.
La situación del inmueble tiene raíces en los años noventa, cuando murió el dueño original y el predio quedó sin herederos ni propietarios. Durante 25 años, hasta 2017, diferentes empresas y personas cobraron rentas a los inquilinos sin poder acreditar derechos de propiedad o de arrendamiento.
En ese año, un nuevo interesado inició un juicio en Tizayuca, Hidalgo, contra el dueño original, fallecido 20 años antes.
Al ganarle el juicio al muerto, el proceso resultó en la escrituración del inmueble a nombre del demandante en 2022. Desde entonces, la propiedad cambió de propietario en tres ocasiones, aunque nunca se informó a los inquilinos y sin respetar su derecho de tanto, que les permitiría tener la primera opción de compra.
Este modo de operar, los vecinos de Cuba 11 lo han identificado en al menos un predio vecino más: un juicio similar iniciado también en un juzgado de Tizayuca, Hidalgo, mismo juzgado 54 Civil en la Ciudad de México que autoriza el desalojo, mismo actuario al frente del operativo de los cargadores y “gorilas”, como lo describieron algunos vecinos.
“Se trata del modus operandi del Cártel Inmobiliario para robar propiedades y dar la apariencia de que se trata de propiedades adquiridas de manera legal”, sostuvo uno de los representantes de los vecinos presentes esta mañana.
El mismo día de su desalojo, las familias afectadas presentaron al Gobierno de la Ciudad de México un pliego petitorio con nueve demandas que reflejan su necesidad de recuperar no solo su hogar, sino también su dignidad.
Sus peticiones incluyen el retorno inmediato al inmueble, claridad sobre el proceso jurídico, acompañamiento para presentar denuncias penales y administrativas, apoyo legal para promover amparos, la expropiación del predio para convertirlo en vivienda social, y facilitar su reubicación temporal con apoyo económico, así como una compensación por los daños materiales sufridos y apoyo de salud integral.
A pesar de que en ese primer acercamiento fueron respaldados por funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México, una semana después desconocen cuál es el plan a seguir y si de verdad existe un compromiso de la administración de Clara Brugada por apoyarlos.
Las familias argumentan que se violaron múltiples derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la vivienda, a la no discriminación, al debido proceso, a ser notificados oportunamente y el derecho del tanto, aunque ningún organismo de protección de derechos humanos, ni local ni nacional, se ha acercado para protegerlos ante lo que describen como un despojo arbitrario.