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El acuerdo establece que en caso de que se detecte que los documentos presentados para la cuantificación y el otorgamiento de una pensión sean presuntamente falsos, o que existan presuntas responsabilidades de servidores públicos, el instituto denunciará los hechos al Órgano Interno de Control en el ISSSTE, y al Ministerio Público federal, además de revocar las pensiones.
El pasado 19 de junio, el instituto informó que identificó “un modelo criminal, en complicidad de trabajadores en activo, exservidores públicos del ISSSTE, abogados particulares y la Junta Laboral Federal que, careciendo de competencia, incrementaba ilegalmente las pensiones a través de laudos, lo que implica responsabilidades penales”.
Ante ello, se implementaron líneas de acción con las que se recuperaron 887 mdp, se sancionaron a 731 servidores públicos y a 114 licitantes, contratistas y proveedores, además de 714 acciones penales contra empresas y 3 mil 233 personas denunciadas.
El acuerdo publicado en el DOF establece que la Dirección de Prestaciones del ISSSTE analizará varios factores para determinar la validez de pensiones como dependencia o entidad donde trabajó el pensionado, años de servicio cotizados, sueldo base percibido, elementos de cuantificación inicial de la pensión e incrementos anuales y factor de actualización aplicados.
Si el análisis revela inconsistencias o errores en el cálculo del monto, se procederá a la modificación o revocación de la pensión, según corresponda, detalló.