“Los servidores públicos tanto de la Fiscalía como de los oficiales (municipales) respecto a que sido revictimizada y violentada física y moralmente; la (MP), licenciada Fabiola Mendoza, ha hecho actitudes para entorpecer y que no proceda totalmente mi caso, se ha hecho amiga de mi agresor para asesorarlo, para decirle que no se deje”, contó Aurora.
La mujer presentó la denuncia contra su familiar –Juan Manuel T, quien es maestro–, desde 2020, lapso en el que ha enfrentado varios obstáculos para judicializar su proceso, principalmente con policías municipales que incluso la arrestaron y golpearon.
“Quedarse callado es como ser cómplice de las situaciones que hacen ellos hacia las víctimas (…) nos ven como una cifra más y les vale, la Fiscalía de Género y los servidores públicos deben hacer su trabajo”, exigió Aurora.
Una situación similar ha vivido Lizet en la búsqueda de su hermano Antonio Tavera Vera, desaparecido en Chimalhuacán en 2020.
“Le entregué pruebas a la Fiscalía, entregué al imputado porque ellos me levantaron la denuncia y no le dieron seguimiento, me tuve que organizar con vecinos y hasta el día de hoy soy la que he dado seguimiento”, contó.
“Le exijo a la Fiscalía de Desaparecidos que se reactive la búsqueda de mi hermano porque si bien tengo una sentencia firme, gracias a que yo la busqué, mi hermano sigue desaparecido hasta el día de hoy ya van dos años que quiero reactivar la búsqueda y solo me dicen ‘ah si, luego lo checamos’”, contó Lizet.
En tanto, Fabiola Villa, presidenta de la organización “Amor y Rabia”, dedicada a la defensa y asesoría de víctimas de violencia de género, acusó que los servidores públicos criminalizan su labor.
“Estamos cansados de tanta criminalización de los servidores de las fiscalías que están en la sede regional; siempre dicen que no sabemos nada, que no somos abogados y que estamos extorsionando a la gente; principalmente son los servidores que actúan mal, que cuando se les dice, nos agreden con esa violencia a nuestra labor de defensores”, contó Villa.
La defensora, incluso, cuenta con el Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos por estas y otras situaciones al realizar su trabajo.
“Lo que pedimos es que cambien a los fiscales, muchos nada más vienen a fraternizar con los y las MPs de otras fiscalías, lo que provoca que no hagan su trabajo y cuando los usuarios vienen, no pueden iniciar las carpetas”, acusó la también abogada.
“En estas agencias faltan alrededor de ocho Ministerios Públicos, que se han ido y no las han estado ocupando y hay un presupuesto, como no hay personal las carpetas se van retrasando”.
Villa hizo un llamado a la gobernadora Delfina Gómez para atender las problemáticas en la Fiscalía de Nezahualcóyotl y sostener una reunión con las organizaciones defensoras de derechos humanos, pues hay víctimas de violencia que están en riesgo de convertirse en feminicidios por la falta de sensibilidad y seguimiento a sus casos.