ESTÁ PRISIONERA EN PENAL DE MORELOS

Con un pie fuera de la cárcel, mujer torturada por militares

Señalan expertos que interrogatorio con métodos ilegales podría ser causal para que obtenga libertad

(Foto: Archivo El Gráfico)

(Foto: Archivo El Gráfico)

Al día 16/04/2016 13:08 Redacción Actualizada 13:08
 

Por Dennis A. García

Elvira Santibáñez Margarito, la joven de 21 años que es torturada en un video por parte de dos elementos del Ejército y una policía federal, podría obtener su libertad si su defensa demuestra las violaciones a sus garantías, indicaron expertos en derechos humanos y procuración de justicia, sobre las consecuencias de este abuso. 

La mujer detenida el 4 de febrero de 2015 en Río de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, está presa en el penal federal 16 del estado de Morelos, por el delito de portación de arma de fuego. 

En este caso no sólo podría argumentarse la tortura y que toda evidencia en su contra sería inválida, también pueden existir violaciones al debido proceso puesto que la entregaron a la PGR un día después de las imágenes captadas.

Sergio Méndez Silva, abogado de la organización Justicia Pro Persona; Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, así como María Elena Morena, presidenta de Causa en Común, indicaron que aún cuando la joven pueda ser responsable, el abuso cometido abre la puerta para que obtenga su libertad. 

De acuerdo con el expediente AP/PGR/SEIDO/UEITA/017/2015, Elvira Santibáñez fue detenida junto con otros dos sujetos con tres armas AK47 y un rifle de asalto AR15, además de una pistola y diversas municiones, por lo que fue remitida a la PGR el 5 de febrero de 2015, es decir, un día después de que fue asegurada y se grabó el video en el que la interrogan de forma ilegal. 

Ahora tras conocerse la filmación en la que la asfixian con una bolsa de plástico en el rostro y le apuntan al rostro con un arma como método de “interrogación” para obtener información, lo ocurrido puede permitirle recurrir las evidencias en su contra. 

Méndez Silva indicó que si los agentes “querían que confesara algo, habría que saber si la obtuvieron y está en la averiguación previa; de ser así todas las pruebas derivadas de la confesión tendrían que anularse porque es una prueba ilícita. La consecuencia natural es la liberación”, explicó.

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