Investigan red de falsificadores en México
Otorgaban documentos a colombianos para regularizar su situación migratoria
Foto: Archivo / El Gráfico
La Procuraduría General de la República (PGR) investiga una red transnacional de falsificadores de documentos, los cuales han sido utilizados para la regularización de la condición migratoria de extranjeros en México, principalmente colombianos.
De enero a la fecha se han detectado 77 casos sospechosos de haber realizado trámites con papeles apócrifos en juzgados inexistentes, de los que 29 resultaron positivos, y el resto sigue bajo análisis pericial.
De acuerdo con el expediente del caso, en enero pasado se detectó la operación de esta red que a través de gestores facilitó a extranjeros documentos falsos de juzgados familiares y civiles del estado de México, que fueron entregados al Instituto Nacional de Migración (INM) para realizar trámites de regularización y para acreditar supuestas relaciones de pareja entre mexicanos y colombianos en busca de la residencia, por lo que también se configura el delito de fraude.
La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) ya identificó a dos de los gestores que realizaron los trámites; se trata de una pareja de mexicanos, supuestos abogados, quienes contactaban a los clientes en México, pero que tienen cómplices en Colombia donde también pedían documentos.
La investigación revela que los falsificadores emitían los oficios de concubinato del Juzgado Quinto Familiar en Nicolás Romero, en Naucalpan.
Los documentos eran firmados por Arturo Sánchez Pérez, supuesto segundo secretario de Acuerdos del Juzgado Quinto Familiar, así como José Antonio Ramírez Vázquez, el presunto Juez Quinto Familiar Civil.
Se solicitó apoyo al Poder Judicial del Estado de México, quienes confirmaron que los documentos presentados eran falsos, ya que el juzgado señalado en los papeles no existe, además de que “los sellos impresos en los documentos no corresponden” con los que emite el Tribunal de Justicia.
Los supuestos juzgadores que firman tampoco laboran en el Poder Judicial mexiquense.
La mayoría de los colombianos que recurrieron a este fraude tienen entre 20 y 35 años.
Por Silvia Otero
