La inseguridad, siendo uno de los principales problemas a erradicar en el país, avanza en algunos puntos y retrocede en otros, y cuyas razones, de orígenes distintos, convergen en el número de ilícitos.

Tenemos la guerra contra el narco, que desde 2006, llevó el número de homicidios dolosos de 8 mil a más de 27 mil al año; y las reformas en materia de justicia penal, que provocaron la salida de miles de internos y nos llevaron a un repunte de 34 mil homicidios en 2017.

Actualmente, importantes reformas legislativas buscan atajar este grave problema con varias estrategias gubernamentales. Por ejemplo, la creación de la Guardia Nacional que permitió al Ejecutivo contar con un nuevo instrumento operativo para detener conductas delictivas.

También se amplió el número de delitos graves, como la corrupción, el robo de combustible, el feminicidio, el robo a transporte, la portación de armas de uso exclusivo del Ejército, la desaparición forzada, entre otros, que impedirán que quienes cometen dichos delitos salgan bajo fianza. Ahora se trabaja en las leyes secundarias para que el catálogo de delitos graves sea efectivo.

Además, se aprobó una nueva legislación en materia de extinción de dominio para facilitar la recuperación de bienes obtenidos a través del crimen y la corrupción. Estamos empezando a conocer los alcances de esta figura.

Pese a estos avances, es claro que aún hacen falta muchas reformas legislativas. El gobierno y otros órganos del Estado, como las Fiscalías y el sistema judicial, necesitan más herramientas para contener la violencia.

Por ejemplo, la ciudadana exige agregar a la lista de delitos graves que merecen prisión oficiosa, ilícitos como la extorsión, la falsificación de facturas y otros.

Ahora bien, algunos titulares de tribunales cuestionan el auto de vinculación a proceso, que facilita la liberación de delincuentes detenidos cuando el agente del Ministerio Público no reúne rápidamente los elementos fundamentales que justifican la detención.

Hoy en día, debemos tomar en cuenta otros asuntos que también influyen sobre la toma de decisiones con respecto a la seguridad. Por ejemplo, nos preocupamos mucho por la migración irregular que entra por la frontera sur, pero acontecimientos recientes demuestran que la entrada regular de personas al país no excluye la comisión de ilícitos en coordinación con sofisticadas redes internacionales.

También están pendientes los temas relativos al cultivo de la amapola y a la regulación del uso lúdico de la marihuana, asunto en el que incluso existen resoluciones de la Suprema Corte de Justicia que nos obligan a legislar.

Y finalmente, es fundamental recordar que la mejor política de seguridad pública, es la política social. Por eso, el éxito de las políticas de salud y la conversión en derechos de las grandes políticas sociales hacia la juventud, las personas con discapacidad y las personas adultas mayores que implementa actualmente el gobierno de la República, redundarán necesariamente en mayor seguridad para todos.