Se cumplieron los primeros 100 días de la presente Legis-latura en el Senado de la República y, como nunca antes en la historia reciente de México, se puede afirmar que hay resultados positivos para la ciudadanía en lo simbólico, pero también en lo concreto. En este primer centenar de días se ha trabajado más que en anteriores legislaturas. En lo que tiene que ver con el trabajo en el pleno, los actuales senadores han laborado 203 horas, superando así a la anterior Legislatura que sesionó 145 horas.

En 34 sesiones ordinarias, en la actual Cámara de Senadores se han presentado 366 iniciativas, se han aprobado 45 decretos relativos a reformas constitucionales, nuevas leyes, reformas a ordenamientos, etcétera.

Lo anterior corresponde meramente a números. En lo que tiene que ver con el perfil transformador de la actual Legislatura, se debe destacar que prácticamente inició sus trabajos con la aprobación del Acuerdo de Austeridad del Senado, con lo que se termina con la tradición del dispendio en este órgano del Poder Legislativo. Esto implicó, entre otras medidas, la reducción del ingreso de las y los senadores.

Una vez racionado el gasto propio, el Senado procedió a ordenar la publicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que reglamenta el Artículo 127 Constitucional y que establece que ningún servidor público podrá tener un salario superior al del Presidente. Lo anterior adquiere especial importancia pues hay empleados públicos, como los magistrados que, entre salario, bonos, prestaciones y otras percepciones, reciben hasta 600 mil pesos mensuales.

Contrario a la triste tradición legis-

lativa mexicana, lo aprobado por el actual Senado tiende a dar respuesta a demandas ciudadanas aun en contra de intereses de los grupos de poder. Esto hace la diferencia.

Se ha beneficiado a los trabajadores al ratificar el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que permite la libre sindicalización y protege el derecho de cada quien a pertenecer o no a una organización sindical sin que esto implique riesgos de despido.

A los pueblos originarios se les dio respuesta con la autorización de la Ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que reconoce a los mismos como sujetos de derecho y como entes públicos que pueden administrar recursos del erario.

Para la comunidad LGBTTTI, el Senado ‘palomeó’ la reforma a las leyes del IMSS y del ISSSTE para otorgar derecho a la seguridad social a parejas del mismo sexo.

La reforma al Artículo 19 de la Constitución cataloga al feminicidio como delito grave, con lo que se da respuesta a una de las más sentidas luchas de las mujeres. También cataloga como delito grave el robo de combustible, el fraude electoral y la corrupción. Quienes cometan estos ilícitos no tendrán derecho a libertad bajo fianza.

La Cámara Alta también dio luz verde a la extinción de dominio en bienes producto de la corrupción, con lo que la nación podrá recuperar bienes adquiridos por robo al erario.

Estos son sólo unos ejemplos del trabajo que se ha realizado en los últimos meses desde el Senado de la República. Sin duda, el balance inicial es positivo, pues se sientan las bases para el cambio de régimen por el que votaron los mexicanos y se demuestra que es posible legislar a favor de la sociedad. Se trata de un Senado para la transformación.