Verificadores recetan multotas a médicos privados, en Toluca

Claudia González 

Integrantes del Colegio de Médicos y Cirujanos Mexiquense A.C. en el Estado de México, así como representantes de médicos propietarios y empleados en 2 mil clínicas privadas, denunciaron las condiciones de corrupción bajo las que operan verificadores de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México (Coprisem) y los ayuntamientos en donde se encuentran asentados. 

Óscar González, presidente del Consejo Consultivo del colegio, ejemplificó que en meses pasados tras ser verificado el funcionamiento de su clínica en Nicolás Romero, recibió observaciones por la operación de la farmacia, teniendo un plazo para corregir y que no fue respetado, pues le llegó una sanción de 700 mil pesos. 

Alegó que son muchos los casos en que no operan de manera equitativa las autoridades de dicha coordinación, quienes asisten a las clínicas bajo el pretexto de hacerlos cumplir con la Norma Oficial Mexicana de Infraestructura para Clínicas y Hospitales, pero que señalan faltas injustificadas, “hasta en el frasco de las torundas (algodones con alcohol)”. 

Según los médicos, la norma estipula el cumplimiento en medidas de higiene, capacitación del personal, especificaciones en los quirófanos, sala de parto, de urgencias, unidad de choque, número determinado de médicos y enfermeras, además de otras características como la operación de las farmacias. 

amenazas. Insistieron en que los verificadores los amagan con clausurar o cerrar los quirófanos cuando los dueños de estos lugares se niegan a la corrupción. 

Demandaron que dicho personal de los tres niveles de gobierno “llegan a buscar qué sacan, los del ayuntamiento donde estamos asentados dicen que no les son útiles las normas que cumplimos de la Coprisem y, luego vienen de la Cofepris. Si no te pones flojito te empiezan a amagar con que van a cerrar cirugía, es la manutención para muchas de las clínicas privadas este tipo de atención”, detallaron. 

Denunciaron que las 5 mil clínicas particulares a nivel federal están expuestas a este tipo de conductas irregulares que ponen en peligro de cierre y con ello la pérdida de miles de empleos.