El acceso a la información constituye un derecho fundamental de toda persona. Es un derecho para solicitar, investigar, difundir, buscar, recibir información en posesión de las autoridades, entidades, órganos y organismos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial; órganos autónomos, partidos, fideicomisos, fondos públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos.

Tiene el propósito de alentar la participación ciudadana en los asuntos públicos y fomentar la cultura de la transparencia.

El reconocimiento de esta prerrogativa debe contribuir a la consolidación democrática de nuestro país. 

Se cumplen 15 años de la aprobación de la primera ley de Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental que es el primer antecedente a la ley sobre la materia actualmente vigente. Vale la pena reflexionar sobre este importante tema.

Transparencia y Acceso a la Información son valores esenciales para la democracia y el desarrollo ciudadano. No obstante, en estos años ha quedado claro que la ley se cumple mejor cuando los valores se integran a la cultura como parte los factores morales. Se trata entonces de que la ley sea reflejo de la moral imperante.

Desgraciadamente, la realidad nos demuestra que ambos conceptos aún no forman parte de la cultura de gran parte de la clase política mexicana. 

No sólo se trata de que la ciudadanía tenga acceso a información sobre cómo se manejan los recursos públicos ni que se obligue a la alta burocracia a revelar el monto de sus fortunas. El objetivo es que quienes se dedican al servicio público se conduzcan con honradez y austeridad para que no haya nada que esconder.

Lo que tenemos ahora es que gracias a las disposiciones legales de transparencia y al trabajo de los periodistas tenemos que una acaudalada clase política hace públicos sus bienes que en algunos de los casos no corresponden con sus ingresos. Hasta ahí.

La gente identifica casi como sinónimos, las palabras funcionario y millonario. Es al amparo del poder político, del aparato del Estado, como se han conformado muchas fortunas.

Muchos de los funcionarios consideran que su paso por el servicio público debe reflejarse en un gran salto en sus condiciones materiales de existencia personales. Así, la expresión servicio público, pierde totalmente sentido.

La moraleja a 15 años de la primera legislación de transparencia es que hace falta también una cultura de honestidad y de austeridad en el servicio público. Hoy en día, en México debemos reconocer: el funcionario público es visto como un potencial hombre de negocios.

Eso obliga necesariamente a mirar en una perspectiva ética y abrazar las causas de la honestidad y de la austeridad republicana. De otra forma, no podrá tener frutos el ejercicio de los modernos instrumentos del acceso a la información pública.