El ruido provocado por el nombramiento de los integrantes de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) revela que existe una disputa de fondo, una disputa por el proyecto nacional.

La campaña que se orquestó en torno a los supuestos malos desempeños en las comparecencias, la descalificación sumaria hacia los aspirantes, las ofensas, las orejas de burro, la presión para incorporar otros nombres, la negativa para los acuerdos, el rechazo de la oposición a las ternas, la exigencia de presentar una controversia, el amago del amparo, la acusación de las firmas, en fin, todo eso, no es más que la muestra estruendosa de un intento por evitar un cambio de orientación en las políticas energéticas.

No es casualidad que estos nombramientos son los únicos que le ha tocado resolver al Senado, que no se concretaron en ese órgano legislativo. Grados militares, magistrados electorales locales y federales, consejeros del INAI, titular de radiodifusión pública, titular de Notimex, consejeras de la CNDH, ministro y ministra de la Corte, fiscal general, secretarios de Estado, subsecretarios de Relaciones Exteriores, embajadores, cónsules, es decir todos los nombramientos y ratificaciones han salido airosos, menos los de la CRE.

¿Por qué se llegó a acuerdos hasta en temas que parecían imposibles y en este caso no? Porque éste es un caso de ‘economía concentrada’. “La política no es otra cosa que economía concentrada”, es una frase que se atribuye a Lenin para ilustrar que la política es un instrumento para defender intereses económicos. La frase es certera, sobre todo en casos como este.

En la CRE se gestionaron por años enormes negocios energéticos privados entrelazados con intereses políticos. Mientras las empresas energéticas públicas eran abandonadas, saquedas y endeudadas, crecían redes de inversiones de particulares en las que tenían injerencia directa personajes del poder político.

En la CRE se deciden permisos para gasolineras, plantas de gas, comprar vehículos para trasladar energético, etcétera. De esta comisión dependen autorizaciones para la apertura de negocios. Las funciones de la CRE tienen repercusiones en los bolsillos de las familias pues en ella se definen las tarifas de luz, gas natural y gas licuado.

Todo esto explica por qué en otras épocas fueron nombrados en la CRE, en Sener y en otras responsabilidades energéticas exsecretarios particulares, hijos de secretarios, expresidentes de la Coparmex y hasta personajes con nivel de estudios de secundaria.

Pero los que en otros tiempos tenían el gobierno para proponer nombramientos y la mayoría legis-

lativa para ratificarlos, hoy no tienen ni uno ni otra. La opción que ganó el gobierno ha procedido ahora a realizar los nombramientos.

Hay una nueva estrategia para el sector energético. Lo extraño y criticable sería que hoy se avalara a los mismos perfiles y proyectos de la etapa neoliberal.

El nuevo gobierno tiene el reto de mantener viva la inversión privada existente y de rescatar a empresas energéticas públicas que los antiguos integrantes de la CRE buscaron aislar. Y desde luego, los nuevos miembros de la CRE tendrán que coadyuvar para erradicar la corrupción que se da en contratos, concesiones y permisos.

Lo que vimos en torno a la designación de los miembros de la CRE es una contienda por el proyecto de nación, entre las concepciones que no quieren terminar de irse y las que van llegando.