La Guardia Nacional es un tema prioritario para el Presidente y, aún más, es un asunto urgente para la ciudadanía. La creación de esta nueva corporación policiaca tiene una aprobación muy fuerte entre la gente. Todos los estudios de opinión permiten ver que entre el 67% y el 87% la respalda.

Este apoyo no es casual. Se debe a que el problema de la inseguridad es muy fuerte y la gente está esperando respuestas. La última vez que una amplia mayoría de la población calificó como segura a su colonia fue en junio de 2005, hace casi 14 años. En esa ocasión, el 75% de los encuestados consideró que su lugar de residencia era seguro o muy seguro. Después de esa fecha, todas las encuestas muestran una percepción de seguridad que en los mejores momentos difícilmente llega a un 50% de percepción positiva.

No obstante, en la discusión sobre la Guardia se ha impulsado un falso debate acerca de que este cuerpo de seguridad significa la militarización del país. No es así. La incursión de la Fuerzas Armadas en la seguridad pública se dio con la creación de la Policía Federal Preventiva (PFP) hace 20 años. Luego, hace 12 años, esta participación se hizo más directa.

El actual planteamiento del Presidente es, de manera muy ordenada y respetando la ley, retirar la participación de los militares de las labores policiacas. La Guardia tendría de inicio una composición mixta: una parte, elementos civiles de la Policía Federal; otra parte, efectivos de las policías naval y militar, así como civiles de nuevo ingreso. Con ello, participaría sólo el 10% de lo que hoy son las Fuerzas Armadas, mismos que serán coordinados por un mando civil.

Esto último fue un punto propuesto por la oposición, que en todo el proceso de reforma constitucional para crear la Guardia Nacional ha sido debidamente escuchada y tomada en cuenta. Esto es importante porque la aprobación de la reforma, que dará como resultado el nacimiento de la Guardia Nacional, depende de que dos terceras partes de los legisladores voten a favor. En el Poder Legislativo hay varios grupos parlamentarios que ya han mostrado su apoyo a la Guardia Nacional y representan a la mayoría absoluta, pero no la mayoría calificada necesaria para aprobar una reforma constitucional.

En otras palabras, no basta con el apoyo de la mayoría legislativa afín al gobierno. Es necesaria la participación de los legisladores de la oposición. Si bien la seguridad pública es responsabilidad del gobierno, también es importante que los legisladores, independientemente de su partido, asuman el deber de dar respuesta a la ciudadanía en éste, que es uno de los temas más sensibles. El respaldo de los senadores a esta medida, que cuenta con amplia aceptación, sería una respuesta concreta a sus electores.

Oponerse a la Guardia Nacional y postergar la atención puntual a los problemas de seguridad que aquejan a las familias mexicanas es, en última instancia, colocarse en oposición a la ciudadanía, hecho que dañaría ineludiblemente la imagen de los legisladores ante la sociedad que, lejos de ganar prestigio, lo perderían. Es una cuestión de sensibilidad.