Diana relata cómo perdió a su hija Paula por negligencia médica en la Ciudad de México. Joven, morena, de uñas pintadas con esmero, relata cómo en 2013 llevó un embarazo “perfecto”, un “embarazo muy deseado, muy cuidado. Iba a todos mis chequeos, en el IMSS, y algunas veces con un médico privado”.
Pero al llegar la semana 33, ya en la recta final, Diana notó que su bebé no se movía tanto como antes.
Acudió a un hospital particular y le dijeron que todo estaba bien. Decidió presentarse en urgencias del IMSS. Ahí, la dejaron esperando. Se tardaron seis horas en hacerle un ultrasonido, y le repitieron lo mismo: el embarazo se veía bien. Pero después hicieron una prueba que suele realizarse cuando la fecha de parto se acerca, llamada “prueba de cinturones”, en la que se monitorea la frecuencia cardiaca del bebé.
“Ahí se dan cuenta de que algo está raro, pero no me dicen nada. Me quedo esa noche, me preparan para una cesárea de urgencia (al día siguiente), pero luego la cancelan. Y mi hija muere aproximadamente nueve horas después de que cancelan esta cesárea”.
La negligencia no acabó ahí. Diana, tristísima, pidió que le hicieran una cesárea para sacar a su bebé. “No me imaginaba pasar por todo un parto y parir a mi hija muerta”, dice, todavía con rapidez, pero sus ojos se mueven hacia abajo.
Aun así, a pesar de que Diana perdió a su hija por negligencia, le negaron la cesárea. Fue hasta que un médico ratificó que Diana sufría una condición que le impedía pasar por el parto, la autorizaron. Ahí vino otro grado más de violencia obstétrica: la hicieron esperar de dos de la tarde a 11 de la noche (que entró a la cirugía) en la zona donde se encontraban todas las perturientas, dando a luz a sus hijos vivos.
Posteriormente la subieron a recuperación, y de nuevo en el área de mujeres que habían dado a luz. Tuvo que ver a todas las demás con sus hijos recién nacidos, amamantándolos, y responder una y otra vez al personal médico –enfermeras, médicos de guardia– que preguntaba por su bebé, que la suya había muerto.
A su hija Paula sólo pudo verla un momento, después de que la extrajeron de su vientre. No le fue posible guardar ni la huella de su piecito, nada. Nadie le explicó que, por ley, si ella lo pedía, el hospital podría resguardar el cuerpecito en lo que ella se recuperaba, para poder organizar un funeral.
“Jamás imaginé yo que en este siglo un bebé se pudiera morir así”.
Ella cree que la muerte de su hija Paula pudo prevenirse; “en mi alta médica ponen que desde que yo ingresé [al hospital] mi hija tenía sufrimiento fetal grado 3”. Y aun así se tardaron muchas horas en atenderla, y después cancelaron la cesárea que pudo haber salvado a su hija.
Este es uno de los 27 casos de violencia obstétrica y muerte materna que el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) recabó en diferentes regiones del país.
Ayer, en vísperas del Día de las Madres, estas 27 víctimas fueron escuchadas por un jurado de expertas internacionales, para que emitieran recomendaciones al Estado mexicano.
Ahora, Diana lleva un litigio en contra del IMSS. También decidió ayudar de otra forma: al percatarse de lo doloroso y solitario que es pasar por un duelo así, está formando, junto con otras personas de historias similares, una organización que ayuda a madres, padres y familias en general, a elaborar el duelo ante la pérdida gestacional, o un bebé. La organización se llama ECA (en náhuatl, abrigo) y es posible contactarla en Internet, mediante redes sociales.
