A Lupita la mataron a puñaladas y pedradas, probablemente frente a su hijo, un bebé de tres meses. Debajo de las uñas tenía fragmentos de ADN de su esposo, Luis Ángel, y además hay dos testigos que vieron forcejeos entre ellos y en presencia de la madre de Luis.
El caso fue atraído en Toluca, sin embargo, no avanza. Las autoridades no recaban las pruebas necesarias y continúan las amenazas contra la familia que le sobrevive.
Como se publicó anteriormente, Verónica Guadalupe Benítez Vega tenía 21 años y su bebé apenas había cumplido los tres meses de vida, cuando su cuerpo fue localizado a unos 400 metros de su domicilio, en el poblado de El Vidrio, municipio de Nicolás Romero, en el Estado de México.
El o los atacantes le desfiguraron el rostro a pedradas, y la apuñalaron unas 17 veces, en el pecho principalmente. Además fue degollada.
Su esposo, Luis Ángel, de 23 años, está sujeto a proceso.
RECONSTRUCCIÓN DE HECHOS. Juana Benítez, hermana de Lupita, exige a las autoridades varias acciones concretas para prevenir impunidad. En primer lugar, que la próxima reconstrucción de los hechos sea en el lugar del crimen. Sin embargo, la agente del MP quiere que sea en el penal, ya que, alegó, Luis Ángel es una persona “muy peligrosa”, por lo que realizar este proceso podría significar que se fugara.
Es muy importante que se realice en el lugar, explica Juana. Luis Ángel ha alegado en todo momento que él es inocente y que el asesino de su esposa era un hombre desconocido que trató de arrebatarle al bebé, ello sin importar que diversos testigos señalaron que el hijo de Lupita permaneció un tiempo considerable en el suelo, llorando, al lado del cadáver de su madre, y que momentos antes del crimen los vieron forcejear.
“Por eso es muy importante confrontarlo en el lugar de los hechos, eso puede evidenciar que caiga en contradicciones o falsedades”.
La familia de la víctima también exige que se exhume el cadáver de Lupita y se le realicen diversas periciales que no se practicaron en su momento, entre ellas determinar a quién pertenecen los cabellos que se encontraron sobre el cuerpo; que se llame a rendir declaración a los padres y hermanos del Luis Ángel, a varios maestros que laboraban en una escuela cercana donde se refugió el detenido inmediatamente después del crimen, y que se catee de forma exhaustiva el domicilio que compartía la víctima con el victimario.
“El pasado 18 de septiembre hicimos una marcha en Toluca, y después nos atendió la licenciada Laura Amaya González, directora de Enlace Institucional, y también la licencida Dilcya (García Espinoza de los Monteros, subprocuradora para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género en el Estado de México). Ellas nos dijeron que el caso se iba a llevar en Toluca. Quedamos en eso, y creí que ya iba a avanzar”, pero no ha sido así.
“Si el trato era nefasto en Barrientos, lo mismo está ocurriendo en Toluca. Un día tuvimos una cita con Dilcya, pero no nos atendió. Nosotros, cada que vamos a Toluca, nos gastamos casi mil pesos. Dos horas de ida y dos de venida. Para que no nos reciban… Pero llegamos y nos dijeron que Dilcya tenía otras cosas que hacer”.
El 9 de noviembre hay audiencia y los agentes no han recabado las pruebas necesarias. Temen que dejen libre al probable asesino y que queden impunes también las personas que probablemente lo ayudaron. “Nosotros tememos que la familia de él ya dio dinero”.
Hasta la fecha, la familia de Lupita recibe amenazas. Los llaman desde teléfonos no identificados y les dicen que “los niños siguen”.
