Virginia Aceves habló por última vez con su hija Araceli Trujillo, de 30 años, a las 2:30 de la tarde del viernes 28 de agosto de 2015.
Hacía falta entregar una fotocopia de la credencial de IFE de Araceli para que le entregaran una tablet en la escuela de sus hijos. La joven llamó a su madre para ponerse de acuerdo sobre quién iría. Al final, acordaron que Araceli pasaría. Ésta llamó a un amigo que trabajaba en la escuela y se quedó de ver con él entre 3:30 y 4 de la tarde en la escuela, localizada en la delegación de Capultitlán, Toluca.
Madre e hija colgaron. Virginia continuó haciendo sus labores, hasta que a las 5 de la tarde volvió a llamar a Araceli. Pero el teléfono estaba apagado. Al principio no se preocupó, pero comenzaron a pasar las horas. Cayó la noche. Los tres hijos de la joven pasarían el fin de semana con el papá (ya que estaban separados), y Araceli había hablado de un viaje a Michoacán con algunos amigos. La madre pensó que quizá se había ido, así que decidió esperar hasta el lunes. Pero llegó el lunes y los amigos informaron que Araceli jamás se fue con ellos.
Virginia fue a la escuela de los hijos. Ahí, el joven al que Araceli entregaría la copia de su IFE informó que efectivamente se habían visto: mostró la hoja en la que Araceli había firmado el trámite, y toda la documentación. Dijo que después de entregar la documentación, la joven se fue. Aunque posteriormente añadió que él le había dado un aventón a una farmacia de la cadena Guadalajara, a una cuadra de ahí.
Desde entonces nadie sabe nada de Araceli. Su teléfono celular ha permanecido apagado, excepto por dos ocasiones: la primera, el 15 de septiembre de 2015, en el centro de Toluca, y la segunda vez el 30 de septiembre de 2015, también en el centro. A partir de ahí jamás se ha vuelto a activar.
Virginia desapareció un viernes. La familia interpuso la denuncia el lunes siguiente ante la agencia de ministerio público de Toluca.
“Hemos batallado mucho con las autoridades porque realmente no nos apoyan como deberían; no sé si porque económicamente no tenemos. Por ejemplo, hace unos días me enteré que a una señora le sucedió lo mismo y en un mes ya tenía resuelto su problema”, explica Virginia.
Entre las omisiones de la procuraduría, explica Virginia, se les negó el acceso al expediente de su hija durante más de un año. Los investigadores alegaron que no podían mostrar la carpeta a la familia porque se podría “fugar” algún dato que pondría en riesgo la investigación. Apenas hace un mes, la madre por fin pudo revisar el expediente. Además de eso, se han negado a seguir algunas posibles líneas de investigación.
“Yo quisiera saber de qué se trata más bien. Y estoy molesta por esta situación. Fuimos a ver a la subprocuradora estatal y ya nos brindó el apoyo; estamos esperando que ella cumpla con todo lo prometido”.
—¿Qué es lo que piden?
—No nos autorizaron la recompensa para la localización de mi hija. Y pues, se supone que la subprocuradora fue lo que nos prometió.
Además de lanzar una recompensa, la procuraduría estatal se comprometió a rastrear un teléfono que Araceli había obsequiado recientemente a uno de sus hermanos.
Araceli ha dejado solos a tres niños de 13, 12 y 11 años. Por eso Virginia pide a su hija: “Si llega a leer esta nota, que regrese, que no hay ningún problema, nosotros estamos en la mejor disposición de recibirla. Que no tenga miedo. Todo va a estar bien, que seguiremos adelante como siempre lo hemos hecho. Que no hay ningún problema, que si tiene algún problema o algo, que nos diga y lo podremos solucionar”.
