El 12 de noviembre de 2014, Erika Berenice Cueto Vázquez viajaba desde Puerto Vallarta, Jalisco, a San José del Valle, en Nayarit. Iba a una entrevista relacionada con trabajo.
Erika es una mujer menudita, delgada, de 1.50 metros de estatura y 45 kilogramos, atlética y sonriente. Es licenciada en Cultura Física y Deporte, e instructora de pole dance. Poco antes de desaparecer estaba involucrada en la organización de un evento de fitness, así que salió de casa y tomó carretera a bordo de su Chevy Spark color rosa, con rumbo a San José.
Era miércoles. Su familia no se encontraba en Jalisco. Las hermanas viven en Estados Unidos, y la mamá estaba de visita por allá. El papá se encontraba fuera del estado.
Así que, si bien ese mismo miércoles se preocuparon porque Erika no respondía los mensajes o el teléfono, fue hasta el día siguiente que el papá viajó a Vallarta y confirmó que su hija había desaparecido, así que la denuncia quedó radicada hasta el día viernes.
Pero en Vallarta, a la fecha hay 161 personas desaparecidas, y sólo cinco agentes de ministerio público asignados, que no viven en Puerto Vallarta, que viajan ahí desde otros lugares y no trabajan todos los días.
“El problema es el personal. El caso lo tiene la Fiscalía de Jalisco. Pero no investigan”, resume Brenda, hermana de Erika, en entrevista telefónica desde Estados Unidos.
“Ahí es donde se ha atorado, no hay quien investigue. Dicen que trabajan, pero no te dan acciones específicas. Ellos nos dicen que nosotros les tenemos que decir qué hacer. Nosotros deberíamos cobrar (su salario)”.
La familia ha tenido que dividirse el trabajo: unos trabajan y otros se dedican de lleno a buscar a Erika. Pero trasladarse a Puerto Vallarta a hacer las diligencias directamente es riesgoso y costoso, así que limitan los viajes; más cuando van y descubren siempre que el agente a cargo no ha avanzado en nada.
“Te puedo asegurar que el MP no ha leído completa la carpeta de investigación de mi hermana. En muchas ocasiones es falta de personal; en otras, la falta de preparación”.
Como ejemplo de esto último fue el caso del auto de Erika. El Chevy rosa fue hallado el día jueves 18 de noviembre de 2014, seis días después del secuestro de Erika.
“Cuando el vehículo fue localizado en Puerto Vallarta, la policía fue y manoseó todo el vehículo. Desde que se encontró se sabía que estaba involucrado en un secuestro (porque lo de mi hermana fue un secuestro). Y quedó todo manoseado por la policía. Eso es falta de voluntad o de capacidad. Si su chamba es ser policías, pues no vas y contaminas la evidencia”.
Pero no es el único caso en el que ha habido falta de voluntad. Otro ejemplo es el de los videos de seguridad en carretera.
“Se pidió información de las cámaras. Todas estaban apagadas, no estaban apuntando o no servían. Se sacaron oficios, y de repente hay información que se hace perdediza; supuestamente hay un video que por ahí se pudo ubicar, pero resulta que el video no está en el expediente, y cuando nosotros confrontamos a las autoridades que dónde estaba el video, hasta la fecha no se ha adjuntado el video al expediente”. En resumen: “La información la tienen de adorno. Lo que ellos tienen es porque uno se los da”.
Lo mismo ocurrió con la sábana de llamadas del teléfono de Erika. Tardaron más de un año en conseguirla, pero hasta la fecha esa información no ha sido investigada. Tampoco han sido llamados a declarar posibles testigos. “No se investiga nada. Haga de cuenta que ellos mandan oficios, pero no les dan seguimiento”.
Este mes de septiembre, Erika cumple 41 años. Y este noviembre se cumplen dos años desde que alguien la privó de su libertad.
