Objeciones de la memoria
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El fin de los privilegios

Mar, 06/11/2018 - 09:07

El lunes 5 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

Con ello, se da fin a las pensiones millonarias de ex presidentes y se establece que ningún servidor público podrá recibir un salario mayor al del próximo Presidente de la República, que percibirá 108 mil pesos mensuales, 40% de lo que recibe actualmente el Presidente, pues hay servidores públicos que reciben como sueldo hasta 650 mil pesos.

Se trata de un acto sin precedente en México, que lleva 40 años de crisis y de castigo a salarios de trabajadores, mientras que miembros de la élite política han visto crecer sus remuneraciones, sin recato alguno.

Más aún, en las últimas décadas se ha dado una intensa lucha ideológica por hacerle pensar a la gente que lo “normal” es que los trabajadores perciban salarios raquíticos.

Por ejemplo, en 2004 se desplegó una gran campaña propagandística contra trabajadores del IMSS. Voceros del régimen los acusaban de ser privilegiados, pues mientras el salario mínimo entonces apenas rebasaba los mil pesos, ellos ganaban hasta 7 mil al mes.

Años después, en 2009, se repitió la andanada multiplicada al cubo. Esta vez contra trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. Se les acusaba de ser privilegiados por sueldos de 7 mil pesos, superiores al resto de trabajadores. Se deciá que era inadmisible que mientras unos ganaban mil 500 pesos al mes, otros 7 mil en ese lapso.

En efecto, los neoliberales buscaban igualar los ingresos de trabajadores, pero igualarlos en la miseria, no para mejorar. Bajo esa óptica, los trabajadores deberían ganar lo mismo, siempre que fuera poco, a veces ni lo mínimo indispensable.

El debate cuestionó dicha visión y evidenció que los privilegiados no eran esos trabajadores que con arduos esfuerzos habían logrado avances en sus condiciones de trabajo y vida, sino los altos funcionarios públicos que, escondidos, ostentaban salarios de 200 mil, 300 mil, 500 mil y hasta 650 mil pesos mensuales.

Eso evidenció que mientras se contenían los salarios de trabajadores crecían sin cesar los elevados ingresos de altos mandos del poder público. Terminar con esos privilegios se convirtió en reclamo social y, más tarde, en oferta política.

Así, hace siete años se aprobó en la Cámara de Senadores la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos. Todo ese tiempo estuvo guardada en la Cámara de Diputados hasta que ahora, la nueva mayoría, la descongeló y la aprobó.

Esto sucedió al tiempo que el presidente electo informó que su salario será la mitad del que ha ostentado el Presidente saliente, es decir, 108 mil pesos mensuales, avalando además la aprobación de aquella Ley por el Congreso. 

Ahora, los mismos opinadores e intelectuales que afirmaban que los altos sueldos de algunos sectores de trabajadores quebraban a instituciones y empresas del Estado, ahora, esos mismos, afirman que el Estado no puede vivir sin la élite que gana sueldos estratosféricos.

Es el mundo al revés. El privilegiado es el que gana 7 mil pesos, no el que gana más de 300 mil pesos. El que presiona las finanzas públicas es el que gana 7 mil pesos, no el que gana más de 300 mil pesos. El que gana 7 mil pesos podría sobrevivir con 2 mil pesos, pero el que gana 300 mil no podría sobrevivir con 100 mil pesos. 

Se trata de una visión que desprecia la dignidad del trabajador al considerar que puede vivir con cualquier cosa y diviniza a una élite dorada del Estado que no puede sacrificar ningún privilegio. 

Dos caras del dogma neoliberal: para que México sea competitivo el trabajador debe ganar poco y el alto funcionario una fortuna. Qué bueno que el cambio ya empezó.

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