Las propuestas de austeridad emitidas por Morena han despertado un profundo debate acerca de las percepciones de los altos funcionarios públicos y de los legisladores. Sin duda ha habido muestras de apoyo y de resistencia. No obstante, muchos de quienes hoy se escandalizan por el ajuste en los salarios de la alta burocracia guardaron silencio e, incluso, apoyaron medidas que impactaron de forma negativa en las remuneraciones de los trabajadores.

Durante décadas escuchamos de parte de funcionarios y legisladores los sonsonetes de “las medicinas que son amargas pero necesarias”, de “las medidas que son indispensables para modernizar al país”, del “debemos apretarnos el cinturón” para justificar e imponer medidas que afectaron a los trabajadores, ya sea en la merma de su poder adquisitivo, en la pérdida de derechos o en el alza de precios.

Pues bien, muchas de esas voces que invitaron a los trabajadores a asumir esas derrotas, como su aportación al desarrollo nacional, hoy son las que cuestionan o se escandalizan cuando la austeridad se aplica arriba. Es decir, que se resisten a tomar las medicinas amargas que ellos mismos recetaron a los trabajadores.

Si bien el ajuste al salario de la alta burocracia anunciado es una reducción importante, no significa que los ingresos de secretarios de Estado, legisladores, subsecretarios y directores generales dejen de ser adecuados, pues 90 mil o 100 mil pesos siguen siendo un ingreso decoroso. Hoy en día, son más de 35 mil funcionarios públicos los que actualmente ganan más de los 108 mil pesos que percibirá el próximo Presidente de México.

El reto será que en este sexenio, al tiempo que se implementen medidas de austeridad republicana, los trabajadores recuperen de forma paulatina los derechos perdidos durante las décadas pasadas.

Están, por ejemplo, los maestros que perdieron su estabilidad laboral y la permanencia en el empleo, pero también se encuentran las mujeres que realizan trabajo en el hogar y que carecen de derechos; de igual forma debe encontrar eco en los órganos legislativos, el problema de quienes laboran en el formato de outsourcing, en condiciones de franca desventaja; tampoco se debe olvidar el tema de la libertad sindical, de la justicia salarial para que mujeres y hombres que realicen el mismo trabajo, reciban la misma remuneración.

La precarización de los trabajadores generó fenómenos dolorosos como el incremento de la migración, el de las mujeres asesinadas en Juárez y el del desencanto de millones de jóvenes que se han visto sin opciones de educación ni empleo. 

El reto del próximo sexenio es hacer que el país sea más justo con sus trabajadores. La recuperación de su salario y de sus derechos impactará positivamente en la dinámica social, pero también en la dinámica del mercado. Ambas cosas son indispensables para construir el México del futuro.

En la agenda legislativa debe estar la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre trabajo en el hogar, la ratificación del Convenio 87 sobre libertad sindical, la modificación al sistema de subcontratación, la incorporación del tema del salario al Tratado de Libre Comercio, la elección democrática de los dirigentes sindicales y otros.

En otras palabras, se trata de disminuir sueldos y prestaciones de los de arriba y subir sueldos y prestaciones de los de abajo. Justicia laboral.