Después de un sobresalto, cuando Andrés Manuel López Obrador, acusó que la Secretaría de Hacienda y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) actuaban en complot en su contra, el ferrocarril de la transición volvió a la marcha suave.

Ingenioso en sus expresiones, López Obrador pasó a recoger su “diploma” de Presidente de la República, que recibió en sesión solemne del pleno del TEPJF, presidido por la magistrada Janine Madeline Otálora Malassis. 

Así, el futuro es presente. Hay Presidente de izquierda, sin pasar por un proceso armado. Llega, incluso, con la custodia del Estado Mayor Presidencial (EMP), una institución que, dígase lo que se diga, es un órgano técnico-militar cuyo objeto es brindar tiempo y lugar a quien toma las decisiones más importantes de un país que es muchas cosas, menos una república bananera. 

Al día siguiente (cubrieron las formas de no verse enseguida), Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, sellaron un acuerdo fundamental: El que se va creará la Secretaría de Seguridad Pública, que encabezará Alfonso Durazo Montaño y, ni más ni menos, harán mancuerna para nombrar fiscal General de la República, como dicta la Constitución. 

Con su correlación de fuezas en el Senado y el pacto con Peña Nieto, López Obrador tiene la fórmula para designar fiscal General de la República a Bernardo Bátiz Vázquez. Cuando se tienen acuerdos de esa altura, convenidos en el despacho presidencial del Palacio Nacional, todo es cuestión de tiempo. Así son los institucionales. 

VIDRIOS SUCIOS.- ¿Por dónde empezar la guerra contra la corrupción? Esa sí será guerra. En caso de ser simulación, el gobierno entrante irá a su propio despeñadero. ¿Tendrán el temple de tocar Pemex? Tantos potenciales reos por corrupción, enseguida de que sea delito grave, irán a la cárcel, según se promete. Como se sabe, hay una ingeniería de la inocencia en la que participan servidores públicos y particulares, por algo la corrupción es el gran mal ancestral de México. Para matar a la vaca alguien detiene la pata, como ilustró Juana Inés de la Cruz. 

Una práctica política que se acusa es la participación en concursos abiertos con empresas ‘fantasmas’ y sólo una instituida, y con amigos en Pemex. De ello, por ejemplo, se ha señalado como presunta responsable a la empresa Soluciones Tecnológicas Especializadas, de Claudia Rincón Pérez, quien enfrenta una denuncia interpuesta por un ex socio, José Carlos Chew López, la cual deberá resolver el poder Judicial, si pasa el filtro del Ministerio Público. 

El asunto es el pelo de un gato, implica sólo un contrato por mil 672 millones de pesos, presuntamente obtenido mediante irregularidades, en 2017, cuando la atención pública estaba puesta en Odebrecht, que son palabras mayores... 

CONTRASTE.- La invasión de sargazo es una pestilente amenaza letal que embiste a la Riviera Maya, la región turística estrella de México. El asunto es grave, pero este tipo de desastre no existe en la ley y no hay ley porque el Senado relegó un proyecto de Ley de Costas, que propuso dos vece la senadora panista Silvia Garza Galván... 

MIRADOR.- Albert Einstein: “Nunca pienso en el futuro, llega demasiado pronto”...