En los últimos 40 años, el poder adquisitivo de los mexicanos ha disminuido en 80%. En esas mismas cuatro décadas, hemos sido testigos de cómo la vieja clase política ha prosperado materialmente. Las recurrentes crisis económicas no afectaron a la élite burocrática, ni a la cúspide del poder político. A la gente sí. Las clases medias se pauperizaron y la clase trabajadora prácticamente vio cancelada la oportunidad ascenso social.

En estos años, surgieron fenómenos como el hacinamiento de muchas familias. La situación económica ha orillado a que 34 millones de personas vivan en hacinamiento (cuando más de dos viven en un cuarto) o casas construidas con materiales precarios.

No obstante, en el mismo lapso, la vieja clase política sufrió algo que bien podría llamarse fiebre inmobiliaria. No han sido pocas las veces que los medios han reportado las grandes mansiones o las numerosas propiedades de quienes han desempeñado altos puestos en la administración pública o han ejercido cargos de elección popular.

En las cuatro décadas pasadas, vimos a las revistas de sociales reportar la bonanza de los altos funcionarios y los políticos, mientras la pobreza crecía en el país pasando del 40 a más del 50%.

Es decir que, lejos de mejorar, los niveles de vida de la población empeoraron. Esto hizo que la brecha entre los ingresos de la ciudadanía respecto de los de la vieja clase política se hiciera cada vez más ancha, sin ninguna justificación.

Por eso, las medidas de austeridad anunciadas a nivel del gobierno federal como a nivel del Poder Legislativo sean bien tomadas por la gente. Las pocas voces que defienden los privilegios de la alta burocracia lucen solitarias en medio del ánimo social que ve en el recorte de salarios y privilegios un acto de elemental justicia.

Este contraste entre la pobreza de la ciudadanía y la riqueza de la alta burocracia es un factor que justifica la poca credibilidad de las instituciones entre la ciudadanía. Sólo 9% de los ciudadanos confía en los partidos políticos y sólo un 18% está muy o algo satisfecho con la forma en que la democracia funciona en el país, según la medición 2007 de Latinobarómetro.

El cambio en materia de austeridad, propuesto por la próxima administración, ayudará sin duda a liberar recursos para su aplicación a favor de la gente y, al mismo tiempo, ayudará a mejorar la percepción de quienes se dedican a hacer política en México.

Se trata sí de rescatar recursos, pero también de recuperar la buena imagen de los servidores públicos y la confianza de los mexicanos en las instituciones. El resultado, sin duda, será positivo.