Fin de una etapa

Jue, 31/10/2013 - 05:00

REFORMA ELECTORAL. Hace cerca de seis años, cuando formé parte de la LX Legislatura como diputada federal, tuve la oportunidad de participar en los cambios que marcarían el rumbo de la democracia. La reforma electoral que se discutiría y aprobaría fue un producto del aprendizaje que nos aportó la realización de los comicios respecto de las normas que lo regulan en cada etapa específica. Las elecciones federales del año 2006 arrojaron un saldo complejo en los términos de la propia resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Las condiciones de equidad en la lucha por el poder se vieron severamente fracturadas por la vía del gasto en campañas, intervención de organizaciones privadas, contratación de espacios en medios electrónicos, intervención del gobierno federal, entre otros factores.

CAMBIOS TRASCENDENTES. En esa ocasión logramos que el derecho de réplica fuera consagrado en la Constitución y con ello se garantizara que cualquier ciudadano pueda responder a los señalamientos que se le hagan en los medios de comunicación. Legislamos para que acabáramos con la publicidad negativa, favoreciendo una mejor información hacia los electores, por mencionar algunos de los cambios aprobados en 2006. En esa ocasión dotamos de mayores facultades a la autoridad electoral y se aprobó una renovación escalonada de los consejeros electorales y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Argumentos contra esta última decisión señalaban erróneamente que vulnerábamos la autonomía; desde su creación en 1990 el Instituto Federal Electoral ha tenido distintos cambios tanto en sus facultades y atribuciones como en la conformación de su Consejo General en cada una de ellas y en el proceso fue el mismo en cada ocasión: el gobierno y los partidos construyen una serie de acuerdos y éstos se procesan legislativamente en el Congreso de la Unión.

Una ventaja adicional de la reforma realizada en 2006 es que el IFE se renovaría de manera escalonada, lo que permitiría combinar experiencia y nuevos conocimientos en un marco de tránsito institucional sin sobresaltos.

De esa manera, en 2008 llegarían primero Leonardo Valdés Zurita, Marco Antonio Baños y Benito Nacif al IFE. El primero de ellos como consejero presidente. En una segunda elección, en la Cámara de Diputados elegiríamos a Macarita Elizondo, Alfredo Figueroa y Francisco Guerrero para que formaran parte del Consejo General del IFE. Ayer cuatro de ellos finalizaron su periodo. Esperemos que, parafraseando a mi amigo el consejero Francisco Guerrero, a pesar de las controversias y disputas, desde la “herradura de la democracia” se siga valorando el diálogo y se aprecie las virtudes de la tolerancia, porque esos son valores fundamentales en la democracia.

POSDATA. En el momento en que escribí esta columna aún no finalizaba en el Senado de la República la discusión de la reforma hacendaria propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto. Mi próxima colaboración, en este espacio, atenderá los resultados de la miscelánea fiscal, así como los cuestionamientos. Congruente en mis decisiones y responsable ante mis electores daré puntual detalle de mi postura.

Estoy convencida que las propuestas presentadas por el presidente Enrique Peña Nieto y avaladas por mi partido, el Revolucionario Institucional, responden a una necesidad, Mover a México.

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