La pasada elección en el estado de Chiapas fue una muestra deleznable del fraude y la simulación. En este proceso electoral quedó una vez más al descubierto la debilidad de las instituciones y el amplio margen de acción que tuvieron los gobiernos federal y estatal, así como sus respectivos partidos (PRI y Verde, respectivamente) para violentar la ley de forma sistemática y descarada.

Las anomalías comenzaron desde el origen del proceso. No hubo ninguna justificación lógica ni legal para separar la elección local del estado, de la contienda electoral federal del pasado 7 de junio. Lo lógico era que en Chiapas, como en otras entidades, se llevara a cabo un proceso concurrente para que en un solo proceso se eligieran diputados federales, locales y presidentes municipales.

Sin embargo no fue así. Las autoridades cedieron al capricho del único gobierno estatal en manos del Partido Verde, igual que doblaron las manos ante los excesos de gastos de campaña cometidos por este instituto político en la elección federal pasada.

Las autoridades locales también se doblaron ante los partidos en el registro de candidaturas locales y municipales ya que permitieron el registro de candidaturas ocupadas mayoritariamente por hombres, violando de manera fragante el principio de equidad de género.

Todos los partidos políticos, a excepción de Morena, ignoraron la paridad entre hombres y mujeres en sus listas de candidatos y fue sólo hasta que el Tribunal Federal los obligó a cumplir, que corrigieron, pero lo hicieron mal y de mala gana, pues los candidatos “balines” pusieron en su lugar a esposas e hijas para cumplir con la formalidad y asegurarse el ejercicio real de poder.

Por supuesto que la compra del voto estuvo presente, pero se aplicó de forma diferenciada. En las zonas urbanas, el PRI-Verde aplicó un modelo idéntico al utilizado por el PRD en Iztapalapa, con operadores apostados a unos metros de las casillas comprando el sufragio sin ningún empacho, así como la entrega de distintos obsequios como tinacos. En las zonas rurales, la compra del voto se dio a partir de los caciques locales que sacaron el “compromiso” de las comunidades para favorecer a determinado partido o alianza.

La violencia también estuvo presente. Contra Morena se dio en municipios como Chicoasén e Ixtapa donde turbas de golpeadores del Partido Verde retuvieron a miembros de ese partido e impidieron la entrega de actas con el objetivo de entorpecer el triunfo opositor. El avance de Morena por eso no deja de ser importante, ya que en un mes pasó de obtener 100 mil votos para diputados federales en Chiapas, a conseguir 160 mil sufragios

Lo vivido en Chiapas puede ser un adelanto de la elección de 2018. No olvidemos que el Verde es el plan “B” de Peña Nieto, al grado de que se comienza a especular que el actual gobernador de ese estado podría ser el candidato de la alianza de derecha. El Verde demostró que se basa en el fraude, la compra de votos y utiliza toda la ‘maquinaria’ del Estado a su favor. El antídoto contra el Verde y EPN es la organización de la gente, ponerla en práctica implica un profundo trabajo conjunto de las organizaciones y la ciudadanía que bien vale la pena.