Infraestructura contra el reloj

Mié, 31/07/2013 - 05:00

Un año es mucho tiempo a esperar para emprender proyectos de infraestructura de los que se supone depende el crecimiento, y ya pasó un año desde la elección presidencial. No hay aún proyectos ejecutivos, es decir, listos para ir a licitación, en el programa de 4 billones de inversiones. Por eso el poco impacto del programa hasta ahora.

Bastaría con la tercera parte de dichos proyectos, si hubiera la seguridad de que se iniciarían de inmediato, para elevar la tasa de crecimiento de la economía vía inversión pública y empleo. Pero quizás pase un año más antes de que los primeros comiencen en obra tangible.

El gobierno no debería olvidar la experiencia de Felipe Calderón con su fallido proyecto de Punta Colonet: cuando ya estaba listo el financiamiento internacional había desaparecido y el gran proyecto pasó al olvido. Ya se inició un ciclo nuevo de aumento de tasas de interés, dada la intención del Banco de la Reserva Federal (el Fed) de reducir poco a poco su apoyo a los mercados para mantener el interés artificialmente bajo.

Si se toma en cuenta que el Fed ha llegado a comprar 90% de toda la emisión de bonos del Tesoro estadounidense, se puede apreciar lo que pasará con las tasas de estos bonos cuando reduzca sus compras, sin considerar que más tarde comenzará a aumentar su propia tasa de fondeo. Los países emergentes que acumulaban grandes superávits comerciales y reservas en dólares ahora ya no los van a acumular tan grandes y su demanda de bonos estadounidenses bajará.

Muchos proyectos de infraestructura mexicana en los que participaría el sector privado se verán estorbados si no impedidos por el mayor costo de financiamiento. En telecomunicaciones, por ejemplo, se supone que 90% de la inversión anunciada de 700 mil millones de pesos sería privada.

Otros proyectos requerirán masivos subsidios gubernamentales, en particular los trenes. Aunque éstos tienen gran sentido, no podrá hacerlos el sector privado sin la seguridad de un gran subsidio gubernamental.

Lo mejor que podría hacer el gobierno es concentrarse en la tercera parte de ellos que esté más avanzada en su elaboración, pueda asegurar financiamiento y tenga mayor impacto socioeconómico. El resto de proyectos se puede heredar a la siguiente administración.

No hemos visto aún nada sobre la capacidad de ejecución de este gobierno de grandes proyectos de obra pública, pero no debería sorprender que en el corto plazo sea muy limitada, entre otras cosas porque hay un gran déficit de ingeniería.

Casi todos los proyectos requieren la intervención de varias secretarías y dependencias, y la coordinación y capacidad de entregar resultados no puede darse por hecha. Después está la participación de gobiernos estatales y la buena comunicación con comunidades regionales y locales.

El costo de subsidios a varios de ellos va a ser un problema para el gabinete económico. Si de todas maneras se tienen que llevar a cabo, la instrucción de hacerlos debe ser contundente.

Los proyectos de telecomunicaciones parecen ser los mejor definidos hasta hora, pero el nuevo regulador debe garantizar a los participantes que los grandes intereses monopólicos no los van a estrangular. Sin esa garantía los proyectos no valen lo que el gobierno supone que obtendría de ingresos por concesiones.

Pero lo más importante es la tenacidad con la que el más alto nivel del gobierno mantenga el dedo en el renglón de su avance casi diario. Sin eso, la pura delegación de funciones será insuficiente.

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