El director de Liconsa, Héctor Pablo Ramírez Puga, maniobra para ganarse el nada honroso título de primer candidato de la Cruzada Nacional contra el Hambre pues, se asegura, no ha tenido ningún tipo de pudor al utilizar recursos del multimillonario programa social estrella del gobierno de Enrique Peña Nieto para promoverse como aspirante del PRI a la gubernatura de Oaxaca.

El grupo legislativo de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados lo acusará esta semana de peculado ante la PGR, pues asegura que ha desviado recursos de la dependencia que dirige para pagar información en medios oaxaqueños, en seguimiento de la política de comprar plumas que abundantemente utilizó a su paso por la Coordinación General de Comunicación Social del cuestionado gobierno de Ulises Ruiz, desde donde favoreció, por cierto, al periódico de su familia.

En 2008, por ejemplo, se le autorizó en Oaxaca un incremento presupuestal de 471%, aun cuando no presentó ninguna justificación ante el Congreso local. Ese año, la asignación autorizada para comunicación social fue de 57 millones 303 mil 886 pesos. Con las ampliaciones, la suma se elevó a 327 millones 168 mil 461 pesos. Los contratos firmados con cuatro empresas, una de ellas el periódico de su familia, El Extra de Oaxaca, fueron por 58 millones 901 mil 129 pesos, lo que superó el presupuesto inicial autorizado.

Intoctur, S.A. de C.V., fue favorecida con 21 millones 720 mil 129 pesos; Mitroviq, con 18 millones 751 mil pesos; Rocke Sade, S.A. de C.V., con 10 millones 610 mil pesos, y Organización Periodística Extra de Oaxaca, S.A. de C.V., con 7 millones 820 mil pesos.

En tres de los casos, los contratos se realizaron fuera de norma y con una estructura similar: las facturas no especifican los servicios prestados; se detectó que los representantes legales de las compañías son allegados a Ramírez Puga, y los domicilios fiscales corresponden a casas particulares, algunas incluso en obra negra.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja, coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano, informó ante el pleno de San Lázaro que medios impresos y portales de internet de Oaxaca publicaron el año pasado 119 notas, la mayoría a ocho columnas, promoviendo actividades que realiza en otras partes del país y que no tienen nada que ver con la vida política de ese estado.

Mejía Berdeja explicó que el Ministerio Público Federal tendrá que determinar si se trata de notas pagadas y si para ello utilizó recursos de Liconsa. Además, planteó al pleno que Ramírez Puga sea removido de su cargo y pidió que se incluya un punto de acuerdo para solicitar al titular de Liconsa que no haga propaganda electoral con su cargo y a la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, que le exija se conduzca dentro de la legalidad.

El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal, dijo por su parte que Ramírez Puga quiere ser el primer candidato de la Cruzada Nacional contra el Hambre.

Por donde se le rasca, hay corrupción.

Instantáneas

1. PLAZO. Dentro de un mes, el 30 de abril próximo, concluye este periodo ordinario de sesiones del Congreso y hay muchos pendientes en lo que se refiere a leyes reglamentarias de las reformas constitucionales aprobadas por el Legislativo. A estas alturas, no se ve que los legisladores hayan logrado desenmarañar la designación, por ejemplo, del presidente del nuevo Instituto Nacional de Elecciones y 10 consejeros electorales (tres por tres años, cuatro por seis y tres por nueve, lapso similar al de quien presida el Consejo General). La semana pasada surgieron reticencias del PAN y el PRD respecto a las listas. Muy mala señal sería que no salieran por consenso los consejeros del INE, le causaría daño a procesos electorales que se vislumbran complicados en 2015 y 2018. Lo óptimo sería que ese 30 de abril ya estuvieran trabajando aunque el plazo de designación vence hasta el 10 de junio. Si para entonces no hay el número de votos suficientes para elegir presidente y consejeros, tendrán que ser insaculados, es decir, electos al azar.

2. RONDA cero han llamado a las negociaciones encabezadas por la Secretaría de Energía para determinar los porcentajes de las reservas de hidrocarburos que se concesionarán al capital privado y las que se quedarán con Pemex. Según nota del Financial Times, la subsecretaria de Energía, Lourdes Melgar, explicó a posibles inversionistas que las reservas nacionales se licitarán públicamente, lo que el senador David Penchyna, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara alta, rechazó tajantemente. ¿Quién nos miente: la subsecretaria o el senador? Porque alguien miente.