Blindaje electoral, factor para la calidad de la democracia

El proceso electoral 2014-2015, que oficialmente dio inicio este mes, está marcado por múltiples preocupaciones relacionadas con establecer nuevas reglas para prevenir que intereses contrarios a la legalidad se infiltren en la política, poniendo en riesgo el desarrollo del proceso de elección democrático.

Muestra de esto es la reunión que sostuvieron los dirigentes de los tres partidos principales (PRI, PAN y PRD) para intercambiar puntos de vista, de cara a las elecciones del próximo año. En esta reunión acordaron promover acciones conjuntas “para cuidar el perfil de los candidatos y salvaguardar las campañas de intereses contrarios a la legalidad”.

El gobierno federal ha asumido la responsabilidad conjunta con los partidos de garantizar la legalidad de las elecciones, por lo que pondrá a disposición de estos los instrumentos necesarios para dar certidumbre a la selección de candidatos a puestos de elección popular. Así, se contempla aplicar pruebas de control de confianza a los candidatos, además del apoyo del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Los hechos recientes en el estado de Guerrero han puesto de manifiesto uno de los principales problemas para impedir la infiltración de intereses particulares en los procesos electorales y la política: la selección de candidatos que hacen los partidos.

Las modificaciones a las reglas electorales que se han realizado históricamente reflejan que la preocupación de las autoridades, en años pasados, recaía en el uso de los recursos económicos, sobre todo de dinero público, para favorecer a algún candidato en particular. Después, fue notorio que otro problema a enfrentar era que el origen de los recursos en las campañas electorales estuviera relacionado con actividades ilícitas de cualquier naturaleza.

La realidad nacional de hoy demuestra que los mecanismos centrados en controlar el dinero que usan los partidos y candidatos en los procesos electorales son insuficientes para impedir que grupos delincuenciales logren infiltrarse en la política nacional y en los espacios de decisión gubernamental.

Por lo que respecta al Poder Legislativo, estamos seguros que las autoridades sabrán hacer efectivo lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, modificado durante el proceso de la reforma político electoral que aprobamos y fue publicada en Diario Oficial de la Federación el pasado 10 de febrero de 2014, cuyo texto contempló dentro de las causales de nulidad de una elección, recibir o utilizar recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas.

Así, no sólo abonamos al andamiaje institucional que cierra el paso a quienes intenten infiltrar recursos ilegales para financiar candidaturas en cualquier cargo de representación popular, sino que estaremos atentos a la efectividad y eficacia de la aplicación de la nueva legislación, en beneficio de una democracia con mayor calidad, esa que construimos juntos día a día.

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