Son varios los diagnósticos que advierten del envejecimiento poblacional en todo el orbe. El estudio “El envejecimiento de la población reducirá el crecimiento económico durante las próximas dos décadas" realizado por la calificadora internacional Moody´s Investors Service, señala que en cinco años aumentará de tres a trece el número de países con una población envejecida, es decir, que más del 20 por ciento de su población será mayor de 65 años. Actualmente solo Alemania, Italia y Japón se encuentran en esta condición.

El análisis de Moody´s dice que el envejecimiento mundial reducirá el crecimiento económico debido a una menor provisión laboral y menores tasas de ahorro, lo que a su vez reducirá la inversión.

México contará en el 2030 con alrededor de 14 millones de personas adultas mayores –estimación con datos del Consejo Nacional de Población- lo cual adicionará presión a los ramos del bienestar social como salud, empleo, ahorro y pensiones.

Las circunstancias actuales de los casi 8 millones de adultos mayores en nuestro país, no es mejor, afrontan cotidianamente el olvido familiar, el desprecio social, la discriminación en un mercado laboral cada más competitivo y un creciente empobrecimiento de sus condiciones de vida. Cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) señalan a la mitad de ellos -4 millones- está en situación de pobreza.

Aunque nuestro país ha generado respuestas prontas frente a las convocatorias para atender las necesidades de la vejez -como cuando la Organización de las Naciones Unidas llamó en 1978 a la realización de la Primera Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, en México se creó el Instituto Nacional de la Senectud el 22 de agosto de 1979 y en 1983 se incluyó dentro de las funciones del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) prestar asistencia social también a los adultos mayores, particularmente a los desamparados- hoy se requieren acciones focalizadas para garantizarles una vida digna y armónica.

Sin duda, el argumento central durante las siguientes décadas en materia de seguridad social, deberá girar en torno a la modernización de los instrumentos jurídicos y financieros que permitan hacer efectivo el derecho a la salud de una población envejecida.

Es conocido por todos que las instituciones de salud en México fueron diseñadas para brindar atención curativa aguda y no crónica degenerativa, como se requiere en el panorama actual; atender problemas derivados de la hipertensión, diabetes mellitus, cáncer, trastornos cardiovasculares, musculoesqueléticos y digestivos, entre otros, requieren de un nuevo enfoque en la atención médica y desde luego, en la orientación presupuestaria que asegure a nuestros adultos mayores, una vejez con dignidad.

La alerta hecha por Moody´s no fue solo a los países desarrollados, sino para los mercados emergentes como Rusia, Tailandia, China o México -el más sólido de América Latina- para que orienten sus esfuerzos en aminorar las consecuencias por la caída de la tasa poblacional en edad de trabajar, cuyo impacto será negativo en las conductas de ahorro e inversión futuras.

El Estado mexicano está obligado a llevar a cabo una inaplazable reforma que ponga al día el marco regulatorio para asegurar la protección de su salud y bienestar general.

En el Grupo Parlamentario del PRI abordaremos el tema en la LXIII legislatura de la mano de expertos y la sociedad civil organizada para afrontar esta realidad que nos atañe a todas y todos.