DF

POR la trascendencia de los temas aprobados en Congreso de la Unión durante la sexagésima segunda Legislatura, ésta es considerada como una de las más productivas de las últimas décadas, tanto cuantitativa como cualitativamente. Además de haber aprobado las reformas transformadoras, a través de amplios e informados debates en los que se ha tomado en cuenta la opinión de especialistas, académicos y sociedad civil organizada, hemos aprobado temas de vital importancia en diversas materias como son: desaparición forzada, combate a la corrupción y por supuesto, la reforma política del Distrito Federal.

La aprobación de la reforma política del Distrito Federal, es muestra clara de que la LXII Legislatura se encuentra comprometida con la consolidación de la democracia nacional y la protección integral de los derechos de la población mexicana. Asimismo, representa un importante avance para que eventualmente, la Ciudad de México se convierta en una entidad más de la Federación y con ello se termine con la falsa percepción de que existen distintos niveles de ciudadanía.

Una de las principales razones que motivaron esta reforma es que actualmente, el Distrito Federal no cuenta con la autonomía para su organización interna en virtud de que su organización está definida en el Estatuto de Gobierno, ordenamiento jurídico que sólo puede modificar el Congreso de la Unión. En ello radica la trascendencia de esta reforma: brindar a los capitalinos la posibilidad de tener una Constitución Política propia, que establecerá la forma en que se organizará la Ciudad de México.

Entre los cambios más significativos está el que sustituye a las delegaciones por alcaldías, —integradas por un alcalde y un concejo—. Las alcaldías tendrán facultades en materia de gobierno, administración, protección civil, obras, servicios y promoción económica. Con estas medidas, se fortalece a los gobiernos de proximidad y se garantiza el ejercicio transparente y eficiente de los recursos públicos.

La Asamblea Constituyente será la encargada de aprobar el proyecto de constitución que el jefe de gobierno envíe para su aprobación; es decir, la configuración de un diseño institucional acorde con las necesidades de la población de la Ciudad de México será una realidad antes del 31 de enero de 2017, fecha que tiene como plazo la Asamblea Constituyente para presentar la nueva Constitución que ha de regir en la entidad.

Sin duda, hay avances para que converjan armónicamente la autonomía de la Ciudad de México, su calidad de capital del país y sede de los Poderes de la Unión. Pero también reconozco que como toda iniciativa de ley u ordenamiento jurídico y, en general, como cualquier proceso del conocimiento humano, es incuestionable que se trata de un trabajo perfectible en el que habremos de retomar los retos pendientes. Por ahora, es preciso señalar que se crearon las condiciones para que el Congreso Constituyente presente una Constitución acorde al contexto social del Distrito Federal.