Sin corazón ni vergüenza

Vie, 30/01/2015 - 05:00

Ante el intento del gobierno federal de dar ‘carpetazo’ a las investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, es primordial reiterar la exigencia de someter a juicio político al titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam.

Las supuestas conclusiones presentadas por la PGR están plagadas de omisiones y contradicciones, por lo que no satisface la exigencia de la sociedad de conocer la verdad y de hacer justicia a las familias de los jóvenes desaparecidos.

No puede cerrarse el caso porque no hay pruebas de la muerte de los 43 y ni siquiera está esclarecido el móvil del crimen. Al contrario, el caso debe seguir abierto porque están apareciendo elementos que llevan a indagar sobre el papel que jugó el 27 batallón del Ejército y la Policía Federal.

Una de las principales contradicciones es la que tiene que ver con la esposa de Abarca, María de los Ángeles Pineda Villa, a quien en un principio se le señaló como la principal responsable de los hechos al fungir como vínculo entre el grupo ‘Guerreros Unidos’ y el gobierno municipal. Sin embargo, ahora se trata de exonerarla del cargo de desaparición forzada con el pretexto de que no se desempeñaba como funcionaria pública, pese a que fungía como presidenta del DIF.

El gobierno federal omite que estamos ante un caso de desaparición forzada operada por cuerpos de seguridad del Estado y actúa como si se tratara de un crimen más de la delincuencia organizada sin vínculos políticos.

Por ello, en las supuestas conclusiones de la PGR se omite deslindar responsabilidades de funcionarios municipales y federales, cuya participación está probada ampliamente según consta en declaraciones de funcionarios públicos y en investigaciones de prensa.

Lo que presentó Murillo Karam como “verdad histórica” es un intento de salida política, ya que con ésta el gobierno federal pretende salir del paso a un escándalo que ha adquirido carácter internacional y cuya demanda principal es la aparición de los muchachos.

Las conclusiones de Murillo Karam son un insulto para la sociedad mexicana.

Ante este escenario es comprensible que los familiares de los estudiantes desaparecidos rechacen lo dicho por el gobierno federal. Por ello, es fundamental reiterar su apoyo a las familias afectadas.

Los hechos de Ayotzinapa no se pueden tratar desde la óptica formal de la burocracia, sino a partir de la sensibilidad de quienes encabezan las instituciones. Al gobierno de Peña Nieto no sólo le falta profesionalismo, también está formado por personajes carentes de corazón y vergüenza.

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