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El 27 Batallón en la noche de Iguala

Vie, 29/04/2016 - 13:54

Según las pesquisas del GIEI, el Ejército ha ocultado en el caso Iguala la presencia de un quinto vehículo de transporte de tropas, el monitoreo del ataque en tiempo real que realizaron integrantes de los Órganos de Búsqueda de Información (OBI) y la custodia del lugar donde apareció el cuerpo desollado de uno de los normalistas. Para los expertos, esas son algunos de los aspectos relevantes de la intervención militar en la trágica noche de Iguala, “que se han negado a reconocer y explicar”.

 El Ejército —asegura el segundo informe de los expertos— supo en tiempo real de los ataques contra los estudiantes de Ayotzinapa por medio de agentes de inteligencia en el escenario de la calle Galeana, el de la vía Juan N. Álvarez y el de la zona del Palacio de Justicia, donde uno de ellos fue testigo directo de la agresión.

La noche del viernes 26 de septiembre de 2014, dos militares del 27 Batallón de Infantería estuvieron presentes en las instalaciones del Centro de Monitoreo C-4, donde tuvieron el control total de las cámaras instaladas en diferentes puntos de Iguala, mientras ocurría el ataque. Al día siguiente, otros dos llegaron de relevo, y mantuvieron el monitoreo de incidencias y la comunicación entre los diferentes cuerpos de seguridad y el Ejército.

El sistema C-4, aunque formalmente dependiente del gobierno de Guerrero, era operado en los hechos por militares encubiertos, bajo el mando directo del coronel José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón de Infantería cuando se registró el ataque y desaparición de los 43 normalistas. Su presencia ahí era y es parte de los trabajos regulares de inteligencia militar.

La noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, dice el segundo informe del GIEI, “los militares revisaron toda la información”, tenían agentes en terreno, en la caseta de cobro donde pararon los normalistas que venían de Chilpancingo, en los lugares donde después se dieron los ataques, además de que sabían de sus movimientos desde que salieron de Tixtla, municipio donde se encuentra la normal rural de Ayotzinapa. ¿Por qué no hicieron algo para evitar los ataques y la desaparición de los jóvenes?, se pregunta el GIEI.

De acuerdo con el expediente del caso, fueron cuatro vehículos militares (tres Cheyenne y un Sandcat blindado) los que habrían salido a patrullar la noche del 26 al 27 de septiembre del 2014. Pero un familiar de las víctimas del equipo de futbol “Avispones” declaró que a las dos de la mañana del día 27, en la colonia 24 de Febrero, ya en la salida a Chilpancingo, hacia donde había huido un grupo de los normalistas, vio un camión militar con al menos diez efectivos armados, del que asegura el GIEI, no se tiene constancia en el expediente.

El segundo informe del GIEI también infiere asimismo que, por el monitoreo en tiempo real que se tenía de los hechos, el Ejército fue el primero en llegar al lugar donde apareció el cuerpo sin vida del estudiante Julio César Mondragón, del que, después se sabría, había sido desollado.

Esta fue, según el GIEI, parte de la participación del 27 Batallón en la noche de Iguala.

Instantáneas. 1. CONDENA. Un juez federal condenó ayer a 52 años y medio de prisión al general de brigada Manuel de Jesús Moreno Aviña, al encontrarlo culpable de los delitos de tortura, homicidio y destrucción de cadáver. El militar estuvo adscrito de 2008 a 2009 a la guarnición militar de Ojinaga, Chihuahua, donde —se le acusa— impuso un régimen de terror que incluía ejecuciones, allanamientos y secuestros.

2. SUCESIÓN. El próximo lunes en la noche, la Junta de Gobierno de la UNAM designará al nuevo director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Son tres los candidatos: la doctora María Angélica Cuéllar Vázquez (Sociología), el doctor Roberto Peña Guerrero (Relaciones Internacionales) y el doctor Rafael Reséndiz Rodríguez. Este último, con una ya larga trayectoria en el mejoramiento de la calidad académica de la Facultad, es de los tres el que con más claridad propone un plan de trabajo incluyente para liberarla de las lacras de la inseguridad, el narcomenudeo y el ambulantaje.

3. TRES DE TRES. En el apremio de poder sacar adelante las leyes anticorrupción, el PRI en el Senado cedió en retirar el carácter obligatorio a la presentación de las declaraciones patrimonial, de impuestos y de conflicto de interés. Si pasan así, las leyes anticorrupción habrán nacido muertas. 

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