La Asamblea Legislativa se ha convertido en este último tramo en una especie de agencia de negocios del Gobierno de la Ciudad de México. En las últimas semanas han desfilado por ahí iniciativas que lesionan los derechos de los capitalinos y favorecen a grupos de interés.

Para ello, el PRD junto con el PAN, el PRI y el resto de sus partidos aliados se han dado a la tarea de desestabilizar al órgano legislativo violentando su legalidad.

De esta forma, hemos visto en las pantallas televisivas y en el trabajo de los fotoperiodistas imágenes de enfrentamientos provocados por la destitución ilegal de la Presidenta de la Mesa Directiva.

Lo que no ha trascendido es el fondo de este caos. El fondo de los golpes y las protestas ante la ilegalidad provocada por el PRD es la aprobación a toda costa de tres leyes que son, al mismo tiempo, tres importantes negocios a costa del erario e, incluso, a costa del dolor de los capitalinos.

El primer negocio es la reconstrucción de la Ciudad de México luego del sismo del 19 de septiembre. La ley aprobada por el PRIANRD en la Asamblea convierte a los damnificados en deudores, pues contrario a lo que todo mundo pudiera pensar, el gobierno se limitará a gestionar créditos ante las inmobiliarias.

No obstante, muchas de las personas damnificadas son jubiladas y sus ingresos no son suficientes para solventar el pago de una nueva casa.

Una ley no era necesaria para comenzar la reconstrucción. En 1985 no se legisló para atender los daños de los sismos.

Todo parece indicar que en esta ocasión se hizo para asegurar el carácter privado de la reconstrucción. Es decir, para imponer una lógica de mercado en la atención de esta desgracia humanitaria.

El segundo negocio aprobado ‘a chaleco’ por los legisladores del PRIANRD es el de la termovalorizadora, que compromete los recursos de las próximas cinco administraciones del gobierno de la ciudad a favor de un monopolio privado del tratamiento de basura que se crearía a partir de una ley y que será beneficiado con 100 mil millones de pesos.

El tercer negocio aprobado por el PRIANRD en la Asamblea Legislativa es la privatización del agua. La llamada Ley de Sustentabilidad Hídrica facilita aumentos, legaliza cortes y abre la privatización a un servicio que es catalogado como derecho por la Constitución de la Ciudad de México.

Estamos frente a la versión legislativa del año de Hidalgo, donde todo se vale menos dejar algo.

De ahí la violencia, la violación contumaz al orden legislativo y el desaseo en el órgano legislativo de la capital. No les importa pisotear derechos con tal de asegurar negocios. Se trata de una verdadera desgracia.