Después de escuchar el tan esperado anuncio del presidente Peña Nieto para enfrentar la crisis de seguridad que degeneró en crisis política y de credibilidad institucional con la barbarie de Iguala y el irrebatible conflicto de interés en la llamada “casa blanca”, pareciera que el gobierno no tiene cabal conciencia del tamaño del problema y de la urgente necesidad de resolverlo ya.

Nada claro quedó respecto a esos dos elementos potenciadores de la crisis, aunque tres cosas no deben desdeñarse del mensaje de ayer:

1. Que el Presidente acusó recibo de la clara exigencia social de cambio y se asumió como cabeza de un gobierno que sí escucha los reclamos de la gente.

2. Que reconoció con claridad las dimensiones sociales y económicas de la crisis que enfrentamos.

Y 3. Delimitó una serie de acciones que ciertamente ayudarán a revertir el actual estado de cosas.

Respecto a la dimensión social y económica de la crisis, anunció la construcción de tres polos de desarrollo para Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero, porque, aceptó, “la paz también se construye con desarrollo”.

En cuanto a su decálogo por la seguridad y la justicia, anunció entre otras medidas inmediatas, una línea única de emergencia 911 y la realización de un amplio operativo federal en la Tierra Caliente y Michoacán. Entre las mediatas: una cédula de identidad y la desaparición de mil 800 policías municipales que se sustituirán por 32 corporaciones estatales con mando único en cada entidad. Y entre las medidas de largo plazo: cambios constitucionales contra la infiltración del crimen organizado en los municipios, para la definición de competencias en los órdenes de gobierno, para fortalecer el derecho humano a la justicia y mejorar lo que denominó “justicia cotidiana”, para combatir las desapariciones forzadas, entre otras.

El andamiaje, por lo visto, es amplio, pero su aterrizaje se ve muy lejano, a muy largo plazo, sin que responda a la inmediatez de realidades que están en el fondo del hartazgo y la exigencia social, como el hecho de que en 60 días el Estado mexicano siga sin decir (porque es casi imposible que no lo sepa), dónde están los 43 estudiantes desaparecidos; que en la búsqueda encuentre cada día más y más muertos inhumados en fosas clandestinas; y que no aclare con absoluta contundencia y sin lugar a dudas, por qué una lujosa residencia que se asegura compró la Primera Dama, está a nombre de quien es contratista del gobierno federal.

Respuestas creíbles a esos delicados asuntos permitirían a la sociedad profundamente agraviada y enojada, creer que hay una intención verdadera de hacer valer el Estado de Derecho que no es otra cosa que el andamiaje jurídico en el que un gobierno solo puede hacer lo que la ley le autoriza y el ciudadano todo aquello que la ley no le prohíbe.

Muy bien que Peña acusara recibo del “ya basta” de los mexicanos de a pie pero, en política, como en la vida, los tiempos son primordiales. En este asunto parece no reconocerse la premura que, a juicio de todos, es parte central de la exigencia social. Y eso quizás se deba a que el diagnóstico está equivocado.

Sabia virtud de conocer el tiempo, cantaba el gran poeta Renato Leduc. Pero la ausencia de tal virtud en este caso, llevó a decisiones como la de divulgar el lunes pasado que se haría un anuncio ayer jueves, en el que se informó que el próximo lunes se enviará al Congreso la primera iniciativa de ley para revertir el actual estado de cosas. No hay sentido de la premura política. El diagnóstico está equivocado.