Por estos días, la Cámara de Diputados se concentrará  en discutir el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, trabajo especialmente difícil por la reducción de ingresos que para el país supone la actual condición económica.

Es tiempo en que gobiernos estatales, entidades públicas y organismos autónomos, entre otros, se acercan a las y los diputados para procurar recursos que durante el siguiente año les permita cumplir con sus responsabilidades.

En este marco, es indispensable hacer un llamado para que las y los legisladores federales eviten a toda costa aplicar recortes presupuestales en los organismos públicos autónomos de derechos humanos y que, por el contrario, en la medida de las posibilidades se les fortalezca.

Fortalecer a estas instituciones es prioridad, toda vez que resultan innegables los retos que el país tiene en materia de derechos humanos.

Sólo recordaré que en recientes visitas a México de misiones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las conclusiones no fueron nada alentadoras.

Lo que pidieron prácticamente al Estado mexicano fue trabajar para superar lo que denominaron “la implacable ola de violaciones que están teniendo lugar en el país”; caracterizada por la persistencia de desapariciones forzadas, actos de tortura, ejecuciones extrajudiciales, acoso a las y los defensores de derechos humanos, ataques a periodistas, violencia contra las mujeres, abusos contra las personas migrantes, predominio de la impunidad, desatención a las víctimas de violaciones y los obstáculos para el acceso a la justicia.

Frente a este panorama, creemos que la asignación de recursos públicos a los organismos defensores de derechos humanos en el país debe contribuir a llevar a cabo una verdadera transformación en materia de derechos humanos.

En medio de las carencias que sabemos tiene el país en muchísimas áreas, consideramos que se necesitan presupuestos suficientes para fortalecer los mecanismos de promoción y defensa de los derechos humanos, para mejorar el acceso a la justicia de víctimas de violaciones a derechos humanos, para garantizar que la población más vulnerable tenga acceso a las instancias correspondientes para defender sus derechos humanos.

Uno de los principales retos que enfrentamos los entes autónomos dedicados a la defensa y promoción de los derechos humanos, es contribuir a subsanar las desigualdades y ayudar a construir y estructurar políticas y programas que enfrenten efectivamente esta problemática.

Eso sí, los organismos defensores de derechos humanos en México tenemos que redoblar nuestro compromiso de ejercer los recursos públicos –que por lo que se ve serán escasos el próximo año— con total transparencia y ajustándonos siempre a una rendición de cuentas que fortalezca la confianza de las personas en nuestras instituciones. 

 

*Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal