El conflicto magisterial crece. Cada día afecta y enoja a más capitalinos. Los disidentes del magisterio bloquearon ayer durante seis horas Televisa y TV Azteca. Exigieron, y se les dio, tiempo aire para explicar sus razones. Lo desaprovecharon. Dijeron lo que ya se sabe: que se oponen a la reforma educativa, que no rehúyen la evaluación pero que no quieren la que se propone, que debe garantizarse la gratuidad de la educación pública. Pero no explicaron de qué forma los cambios aprobados afectan la educación gratuita, ni qué les parece inadecuado de la reforma, ni qué tipo de evaluación proponen.

Este último es, sin duda, un punto crucial en la protesta. De hecho consiguieron, con los bloqueos al Congreso y al aeropuerto la semana pasada, sacar de la agenda legislativa del periodo extraordinario la iniciativa de Ley General del Servicio Docente.

¿Qué es lo que plantea esa propuesta de ley?

1. Que el ingreso al servicio docente en primaria, secundaria y bachillerato será mediante concursos de oposición que garanticen conocimientos y capacidades.

2. Que primero se dará un nombramiento inicial (a prueba) para cumplir con un periodo de inducción de tres años ininterrumpidos en el que el docente será acompañado por un tutor. Cada año, en ese periodo, los maestros serán sometidos a por lo menos una evaluación. Si aprueban la inducción el nombramiento será definitivo. Quien no la pase será separado del servicio público.

3. La promoción a director y supervisor se hará también mediante concursos de oposición con criterios diferentes para el que vaya a primaria y secundaria, y el que vaya a bachillerato.

4. La evaluación será obligatoria y su periodicidad determinada por el Instituo de Evaluación Educativa, considerando por lo menos una cada cuatro años. Si no se aprueba, el maestro deberá tomar cursos y tendrá otras dos oportunidades para abrobar. De no pasar en esas tres oportunidades, será separado del servicio.

5. Los maestros destacados recibirán estímulos económicos temporales o por única vez, y otros incentivos.

Tal es el planteamiento en términos generales y parece inobjetable. ¿Qué pero le ponen los disidentes? Rechazarlo hace parecer que no están suficientemente preparados para enseñar o que les da flojera actualizarse o que quieren conservar el pase automático de la Normal a una plaza. Pero ellos tienen razones que explicaron algunos líderes de la sección 9 del SNTE en el Distrito Federal consultados por este reportero:

1. La evaluación docente no debe ser estandarizada porque no es lo mismo aplicarla a un maestro de Polanco, en el Distrito Federal, que a otro de la sierra Tarahumara. Conocimientos, necesidades, saberes y problemas no son los mismos. Muchos maestros de las zonas marginadas o indígenas provienen de ellas y su preparación refleja sus propias limitaciones.

2. El proceso de enseñanza-aprendizaje, argumentan, no se puede basar en modelos de coerción. Esta es una de las razones por las que maestros y alumnos protestan en países como Chile. Si al final del día todo se centra en pasar la prueba a toda costa para conservar ingreso y trabajo, no se obtendrá —dicen— una verdadera evaluación de capacidades pedagógicas.

Y 3. La contratación a prueba, la rescisión de contratos y las sanciones discrecionales —comentan molestos— “precarizan” el trabajo del magisterio.

Ahí tiene usted una y otra posición. Quizás aún hay tiempo de conciliarlas en el debate y próxima aprobación de la iniciativa de Ley General de Servicio Docente. Y si ya hay una mesa de diálogo, es cierto, no se vale seguir bloqueando y afectando a terceros mientras se negocia. Pero la violencia es lo que hay que evitar a toda costa, pues no llevará a nada y sólo agravará el problema. Pero en fin, usted juzgue.

Instantánea

NOTICIA. Hoy se espera una muy importante. Las fuentes consultadas aseguran que en el campo político. Quizás tenga que ver con el próximo I Informe de gobierno del presidente Enrique Peña. Habrá que estar pendientes.