También, nos permite marcar los límites de nuestros derechos, la naturaleza de las obligaciones cívicas; nos obliga a respetar –y obliga a otros a respetar– los límites de nuestras propiedades; las reglas de convivencia social, desde las que observamos en tanto ciudadanos, como las que rigen nuestra vida en común con otros como nuestros matrimonios y las familias que de ellas se derivan.

Quizá por la amplitud de circunstancias en que la justicia y la vida cotidiana se entrelazan, es que el derecho civil tiene tanto en común con cada uno de nosotros y con lo que ha dado en llamarse, precisamente, justicia ciudadana, que no es otra cosa sino el conjunto de instituciones y procedimientos que permiten a cualquier persona tener acceso efectivo y expedito a una solución justa de sus conflictos cotidianos.

Justicia proviene del latín Iustitia, cuya traducción estricta es derecho. El derecho civil se ocupa de todos los demás conflictos que no atiende el penal; es decir, los asuntos laborales, familiares, civiles, mercantiles, vecinales y administrativos. En nuestro país, igual que como ocurre en otros, la justicia cotidiana ocupa la mayor parte de los procesos legales: más de 87% de los 2 millones 142 mil 872 casos que se dirimen en los juzgados.

El año pasado, a raíz de la desaparición de 43 estudiantes normalistas procedentes de Ayotzinapa, el gobierno federal anunció un decálogo de acciones de seguridad que se enmarca dentro de los ejes estratégicos nacionales, en especial el de lograr un México en paz; la séptima de las acciones anunciadas en noviembre de 2014 versa precisamente sobre la justicia ciudadana.

El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) se encargó de impulsar foros públicos sobre la percepción ciudadana del tipo y la calidad de la justicia mexicana. Los hallazgos más reveladores de estos foros, cuyo contenido fue entregado al mediodía de ayer al Ejecutivo federal, en el Museo Nacional de Antropología, son que la mayoría de los mexicanos no sólo desconoce sus derechos y cómo ejercerlos, sino que tampoco dispone de un adecuado acceso a la justicia y sus medios y procedimientos. También, que la mayoría de los casos se dirimen en los ámbitos estatales.

El asunto es tan fundamental que, sin una sólida estructura de justicia ciudadana, todo el andamiaje institucional nacional podría desfondarse.