Como ya hemos comentado en este espacio, las impugnaciones a la Constitución de la Ciudad de México interpuestas por el gobierno de Enrique Peña Nieto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ponen en riesgo no sólo los avances conseguidos en la Asamblea Constituyente, sino los que se pudieron hacer realidad desde 1997 con la llegada de los gobiernos electos democráticamente en la capital del país.

La premisa de la Procuraduría General de la República (PGR) en su alegato ante la SCJN indica que todo el cúmulo de derechos que no estén contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos son anticonstitucionales y, por lo tanto, inaplicables.

Bajo esta visión gran parte de los derechos conseguidos desde el 97 hasta antes de la reciente redacción de la Carta Magna de la ciudad serían anticonstitucionales. Así, los derechos de las familias, de las mujeres y hasta la pensión a adultos mayores nunca se habrían podido aplicar.

Y todos estos cambios en la legislación capitalina pudieron ser posibles gracias al principio de progresividad consagrado en Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos firmados por el Estado mexicano (y ahora por el Artículo Primero de la Constitución federal), según el cual las nuevas leyes pueden agregar y ampliar los derechos humanos, y nunca reducirlos.

Ahora bien, ¿qué es lo que le incomoda al gobierno de Peña Nieto de la Constitución de la Ciudad de México? Le molesta principalmente que se haya cerrado la puerta a la privatización del agua, pues es evidente que en los planes neoliberales está hacer lo mismo que hicieron con el petróleo ahora con el vital líquido.

También, pretende echar abajo la mayor reforma al Poder Judicial local que se haya acordado en la historia de la Ciudad de México y que haya avances democráticos como la revocación de mandato para que los ciudadanos puedan destituir a los malos gobernantes.

El gobierno federal no quiere que se reconozcan los derechos de la diversidad de familias en la capital ni que se plasme en la Constitución de la Ciudad los derechos de las mujer, de las personas con discapacidad y, por supuesto, está en contra de que los principales derechos sociales existentes en la capital del país estén resguardados.

Como podemos darnos cuenta, las impugnaciones del gobierno federal buscan anular el texto constitucional, hacer de la Constitución una entelequia.

En el fondo, revelan que en la negociación de la reforma política de la capital entre los gobiernos de la Ciudad de México jamás se tuvo el ánimo democratizador, ni la intención de proteger y promover los derechos, sino de frenar los avances alcanzados por los capitalinos desde 1997.

De otra forma, no se explican los ataques a la Constitución por parte del gobierno federal. Es posible que lo que se busque es evitar que la Ciudad vuelva a mostrarse ante el país como el principal contraste. El gobierno federal no quiere que se vea que hay gobiernos distintos, que es posible democratizar los poderes, que la ciudadanía tiene la capacidad de quitar gobernantes, que los bienes naturales se pueden proteger y que todas las personas, sin discriminación alguna pueden ejercer sus derechos en plenitud y libertad.