La reglamentación del derecho ciudadano a ser consultado en asuntos de trascendencia nacional parece construida para limitar al máximo ese instrumento de la democracia directa y para impedir, a toda costa y en un tema específico, que se someta a él la reforma energética.

La consulta popular es uno de los derechos ciudadanos establecidos en el artículo 35 de la Constitución. Puede ser convocada por el Presidente, el 33% de los diputados o el 33% de los senadores. También pueden convocar los ciudadanos si la petición la hace al menos 2% de los inscritos en la lista nominal electoral.

Esa lista es de 76 millones 402 mil 105 ciudadanos (actualizada al 21 de febrero de 2014), por lo que 2% equivale a un millón 528 mil 42 ciudadanos. Esos son los mínimos necesarios para convocar a consulta y, hasta donde se sabe, Cuauhtémoc Cárdenas y el PRD, por su lado, y AMLO y Morena por el suyo, han recabado las firmas suficientes de ciudadanos convocantes.

La Constitución prevé, además, que si en una consulta participa por lo menos 40% de la lista nominal, es decir, 30 millones 560 mil 842 ciudadanos, el resultado será vinculatorio, es decir, de aplicación obligatoria.

Sobre la base de esos criterios era viable una consulta popular sobre la reforma energética. Sin embargo, el paquete de reformas estructurales acordado en el Pacto por México incluía en el tema político-electoral lo relativo a las figuras de democracia directa y, en paralelo a la reforma constitucional en materia energética, se hizo otra en materia de consulta popular. De manera tal que desde el pasado 10 de febrero, el artículo 35 de la Constitución tiene agregados que establecen los temas que no podrían quedar sujetos a una consulta popular, entre ellos, los ingresos y gastos del Estado, asunto en el que encuadran a la perfección las modificaciones en materia energética. Vamos, desde la Constitución se está limitando la viabilidad de una consulta sobre la materia.

La oposición, sobre todo la de izquierda, estimó que la viabilidad de una consulta sobre la reforma energética podría recuperarse en la construcción de la ley reglamentaria correspondiente, dictamen que a finales del año pasado aprobó la Cámara de Diputados y apenas el miércoles el Senado.

Pero en la Cámara alta se intensificó de tal manera la presión opositora, que tuvo que apersonarse el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, y hacer algunas concesiones. Entre otras:

Que la Suprema Corte sea la que determine, caso por caso, qué asunto de trascendencia nacional puede ser sometido a consulta popular, y si la pregunta a formular se apega a la constitucionalidad del proceso; y para evitar que en procesos electorales no se violente la equidad, se desechó la posibilidad de que convocantes y consultados pudieran hacer uso de los tiempos oficiales en los medios de comunicación para fijar posiciones, de manera que será el nuevo Instituto Electoral el que pacte tiempos de radio y televisión para que convocantes y participantes en la consulta fijen sus posiciones al respecto.

Por otra parte, el Senado añadió que los ciudadanos podrán respaldar más de una consulta popular, pero no procederá el trámite de las consultas que sean respaldadas por los mismos ciudadanos, cuando éstos rebasen 20% de las firmas de apoyo, en cuyo caso solamente procederá la primera solicitud.

¿Por qué si la reforma energética es a juicio de sus promotores y apoyadores lo mejor que le pudo haber pasado a México, no dejan que la opinión de la gente al respecto se exprese libremente y tenga peso en una decisión de tal trascendencia?

Los argumentos son los mismos que desde siempre ha esgrimido y seguirá esgrimiendo el poder: 1. México es una democracia representativa y las decisiones las toman los representantes electos por el pueblo (en los que, por cierto, cada día menos creen); y 2. No se pueden dejar en manos del pueblo ignorante asuntos que, según dicen, ni siquiera entienden, de manera que consultarlo sobre ellos llevaría a la anarquía.

Así es como piensan nuestros demócratas.