Después de presentar un exhaustivo recuento de la investigación del crimen de Iguala, el procurador Murillo Karam dijo ayer que, sin lugar a dudas, los normalistas fueron secuestrados, asesinados, incinerados y arrojados al Río San Juan, en Guerrero. El móvil: la eliminación por parte de sicarios de un cártel de quienes confundieron con matones de una organización criminal rival. Y el procurador remató: “esta es la verdad histórica de los hechos”.

La investigación, en efecto, está dotada de abundantes recursos según lo informado: 39 confesiones, 487 periciales, 386 declaraciones y 153 inspecciones periciales. La PGR sustenta en ellos el análisis lógico-causal que lleva a la conclusión expuesta.

El director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón centró su exposición en los dictámenes periciales realizados con la intención clara, según se vio, de contraponer evidencia científica a la planteada por físicos de la UNAM y de la UAM que pusieron en duda la verosimilitud de la pira de Cocula.

Refirió dictámenes químicos, biológicos y entomológicos, también realizados por especialistas de la UNAM, con los que sustentó que en el basurero de Cocula se generó un fuego que alcanzó las temperaturas necesarias (más de mil grados centígrados) para incinerar a los jóvenes, en un lugar lo suficientemente lejano (ocho kilómetros del poblado más cercano) y aislado (sin casas en esos mismos kilómetros a la redonda), como para que alguien se percatara de la pira.

Murillo Karam, por su parte, enfatizó que quedó acreditado que los restos de materia encontrados en el río San Juan, como la tierra, los residuos neumáticos y otros elementos sólidos analizados, son correspondientes químicamente con los encontrados en el basurero.

Reveló también que en la reconstrucción de hechos se identificaron, con presencia en el basurero, por lo menos a por lo menos tres de los estudiantes señalados por los detenidos como “El Cochiloco”, “El Flaquito” y “El Patilludo”. Y que con el resultado de identificación de ADN por parte de la Universidad de Innsbruck, se comprueba a plenitud que ahí había estudiantes.

No deja de preocupar, sin embargo, que sobre el Ejército sólo le hayan arrancado de prisa y al final de la conferencia de prensa, el aserto de que “no hay evidencia alguna de su participación”. También preocupa que una parte sustancial de la indagatoria esté sustentada en confesiones.

Éstas, durante muchos años, fueron la prueba reina de las investigaciones criminales. Todos sabíamos que la mayoría de las veces eran obtenidas mediante tortura. Por eso, a la confesión se le quitó ese carácter de prueba reina en recientes reformas a los códigos penales.

No se afirma aquí que las confesiones de este caso hayan sido conseguidas mediante los mismos métodos, pero como dice el refrán: “crea fama y échate a dormir”. Por lo demás, persiste la duda, sobre todo de los padres de las víctimas, respecto a la confiabilidad en declaraciones de asesinos desalmados.

Otro asunto pendiente es la acusación formal de desaparición forzada contra el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca. Sólo puede fincarse contra él, porque era servidor público. No aplica, porque no lo era, contra la esposa del ex edil, acusada de ‘lavado’ de dinero como parte del grupo criminal “Guerreros Unidos”, del que el ex munícipe sería uno de los capos, y sus sicarios los presuntos autores materiales del asesinato. De Abarca, por cierto, no se conoce declaración alguna, ni se sabe siquiera si ha declarado. El procurador Murillo Karam fue cuidadoso al señalar que no era correcto considerar cerrada la investigación pues faltan detenciones que concretar, pero ese cuidado no correspondió con la afirmación que da por muertos a los jóvenes, conclusión que la cierra.

Eso fue lo que ayer mismo repudiaron los padres de Ayotzinapa al considerar que lo dicho por la PGR obedece a “prisas políticas del gobierno”.

La investigación, sí, es exhaustiva y determina lo que la PGR considera una verdad histórica. Restan líneas argumentales de los padres de las víctimas quienes consideran, no obstante, que aún falta mucho para hablar de verdad histórica y certeza jurídica. Y falta más para que sea un juez el que determine lo que será la verdad jurídica, papel que no le toca al ministerio público.

@RaulRodriguezC