Escobar y su impresentable partido

OPINIÓN 27/11/2015 18:33 Actualizada 18:33

La subordinación al Poder Ejecutivo que siempre ha mostrado el Ministerio Público federal es lo que hace inédita la consignación por delitos electorales del subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de Gobernación y miembro del Consejo Político del Partido Verde, Arturo Escobar y Vega.

Esta consignación de la Fepade fue sin detenido. Llegó a un juzgado penal federal con solicitud de aprehensión que el juez tiene diez días para resolver. Pero fue tal la sacudida y la presión que provocó en el gobierno federal, que Escobar renunció de inmediato a su cargo para poder probar su inocencia, según dijeron él y el Partido Verde.

La información se conoció el miércoles por la noche a través de un comunicado de la Fepade que parece haber sorprendido a la misma PGR, de la que depende, si nos atenemos a que fue hasta horas después que la Procuraduría emitió un boletín en el que se refería al caso al final de una lista relacionada con delitos electorales.

El fiscal especial para Delitos Electorales, Santiago Nieto Castillo, hizo valer, a no dudarlo, su condición autónoma, pues no se pierda de vista que su designación es ratificada por el Senado. No obstante, diversos juristas consideran que incurrió en violación al Código de Procedimientos Penales, toda vez que una investigación en curso obliga a la secrecía y echa por tierra la presunción de inocencia. Hoy se esgrime este argumento cuando regularmente se procede así contra otro tipo de delincuentes, lo que no es justificación, sólo práctica cotidiana.

A Escobar se le acusa de haber violado la Ley Electoral con la entrega a ciudadanos de 10 mil tarjetas "Premia Platino" a cambio de votos para candidatos del Verde en las elecciones federales de julio pasado, lo que está expresamente prohibido por el artículo 15 de la Ley General de Delitos Electorales, violación ésta que se castiga con 15 años de prisión y hasta cinco mil días de multa.

Este caso derivó de dos denuncias: una del PAN y otra del PRD. La del blanquiazul fue presentada por Gustavo Madero, quien asegura que para la entrega de ese tipo de beneficios al votante, Escobar firmó de puño y letra, como representante legal del Partido Verde, contratos hasta por tres y medio millones de pesos. La del partido del sol azteca la presentó la ex diputada federal Julisa Mejía Guardado, quien recibió en su domicilio una de las tarjetas, acompañada de boletos para ir al cine, de parte del Verde. La ex legisladora denunció que dichas tarjetas llegaron a domicilios específicos utilizando información del padrón electoral.

En este sentido, la consignación de la Fepade representa un severo golpe a la credibilidad del Instituto Nacional Electoral que exoneró al Verde de tales acusaciones y bateó la demanda de que se le cancelara el registro como partido político.

También es un golpe para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ayer mismo se desmarcó del caso Escobar, al señalar que sus únicos dos pendientes con el Partido Verde son los relacionados con una multa de 300 millones de pesos por presunta violación a la Ley Electoral y una solicitud, interpuesta por ciudadanos, para la pérdida de registro del partido en cuestión. Pero el tema lo toca más allá, pues se trata de una violación similar a la presentada por el PRD contra el PRI, por la entrega de los famosos monederos electrónicos de Soriana para comprar votos a favor de Peña Nieto, de los que el Tribunal Electoral exoneró al tricolor.

Por lo demás, Arturo Escobar es un político tan impresentable como su amigo, jefe y dueño de la franquicia del Verde, Jorge González Martínez, pues ambos han estado involucrados en diversos escándalos e irregularidades.

En el caso de Escobar recordará usted cuando fue detenido, siendo senador, en el aeropuerto de Chiapas, estado que gobierna su partido, con una maleta Louis Vuitton cargada con un millón cien mil pesos en efectivo, que jamás pudo explicar de quién eran y para qué. Súmele a ello el escándalo de las tarjetas y los boletos de cine o el de la venta de medicinas o la del pago a personalidades para que vía Twitter, durante un partido mundialista de la Selección nacional, dijeran que eran verdes.
La presunta comisión de estos delitos electorales fue lo que llevó a que se cuestionara severamente su designación como subsecretario de Gobernación en lo que se vio como pago de Peña Nieto a su alianza con el Verde en los más recientes procesos electorales.

 

@RaulRodriguezC

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