Binoculares

Lun, 27/10/2014 - 05:00

QUEJA EN PUERTA Hace unos días hablábamos de algunos cambios que se hicieron en áreas de la delegación Iztapalapa, ahora cuentan que se han realizado varios más, pero que esos podrían provocar un conflicto para el delegado Jesús Valencia. Y es que no han logrado tapar el despido de Elizabeth Luna Rivera, empleada en el área de Mercados y Vía Pública en esa demarcación y dicen que ya presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del DF, porque la razón del despido era estar embarazada. Y decimos era, porque la afectada argumenta que a raíz de que la corrió su jefa directa, Maía Análeah Gou, ella perdió al producto. Del asunto, en el que también se involucra al director de Gobierno, Juan Carlos Castañeda Landín, también ya le dieron vista al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Ahora, la afectada amenaza con una huelga de hambre durante los próximos días.

QUIERE SU CALAVERITA El que dicen que está como niño “pidiendo calaverita” es el diputado Jonathan Jardines Fraire, quien va de puerta en puerta tocando, pero no busca dulces, sino que alguien lo acepte en alguna de las corrientes perredistas, sólo que al parecer nadie le hace caso. Y es que lo que busca es que alguien le eche la mano, para que su negro historial no le “cobre factura”, pues de terminarse su encargo como diputado, dicen que le tienen guardado un expediente por diferentes delitos, que si bien los cometió hace algunos ayeres, todavía pueden provocarle más que un dolor de cabeza. Cuando cometió los delitos se dictó auto de formal prisión, pero el diputado logró un amparo, bajo el folio 3592/2000, con el que alcanzó la libertad, pero ahora que se agote su fuero necesitará que lo rescaten.

BAJO LA MANGA Y por los rumbos de Guerrero, en sólo una semana, la Comisión Instructora del Congreso de Guerrero que preside el priísta Omar Jalil Flores Majul, desahogó el juicio de revocación de mandato presentado contra el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velásquez, pero al mismo tiempo, dicen, mantiene en la “congeladora” varios juicios de revocación de mandato contra síndicos, regidores y alcaldes que no han sido procesados, mucho menos concluidos con la misma celeridad.

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