En cuatro estados de la República, ejercer el cargo de presidente municipal encierra graves peligros, y estos se han incrementado en los últimos 13 años. En dicho periodo, han sido asesinados 79 alcaldes y su muerte es un dardo venenoso que hace blanco en la credibilidad ciudadana hacia las instituciones.

Los asesinatos ocurridos en los últimos días del edil de Pungarabato, Guerrero, Ambrosio Soto Duarte, y de San Juan Chamula, Domingo López González, avivan las peticiones dirigidas al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, por el presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), Enrique Vargas del Villar.

La petición del agrupamiento de munícipes que lidera Vargas del Villar, consiste en que se establezca un protocolo de protección para alcaldes en riesgo.

Un conteo de la ANAC reporta que de 2003 a la fecha han sido asesinados 79 ediles, de los cuales 40 fueron victimados en funciones, siete eran electos y 32 ya habían concluido el servicio.

Se trata de determinar el tipo de protección que se debe brindar a los alcaldes en riesgo y darle formalidad al cumplimiento de los protocolos, los cuales deberán de tener un respaldo presupuestal, recursos humanos, materiales y de inteligencia policial.

Donde urgen estos protocolos es en los estados de Durango, Michoacán, Oaxaca y Veracruz, donde los riesgos son muy altos, señala la ANAC en su petición a Osorio Chong. Pero el problema se extiende a Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Nuevo León, Tabasco y Tamaulipas.

Hay que recordar que el asesinato de un alcalde vulnera la confianza en las instituciones de seguridad pública...

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