Con la ciudadanía

Jue, 27/06/2013 - 05:00

TRANSICIÓN. Diversos estudios señalan que la transición a la democracia en México concluyó en el año 2000; sin embargo, el subsecuente proceso, tal y como versa la teoría política sobre las transiciones, la denominada instauración democrática, se ha estancado. Debido a la carencia de reformas políticas las elecciones presidenciales del 2006 demostraron, especialmente en lo que corresponde al sistema electoral y la representación, que la consolidación democrática en México se encuentra muy distante de ser una realidad.

Dadas las explicaciones ligeras sobre el proceso de transición democrática, en donde se habla de transiciones graduales, concedidas o pactadas y en la que la figura del ciudadano se reduce a un simple espectador, encontramos otra de las causas que provocan que la instauración democrática no avance: la falta de rendición de cuentas. Históricamente han existido diversos mecanismos de vinculación entre las personas que componen una sociedad y sus gobiernos. Uno de ellos son la participación de los partidos políticos en el Poder Legislativo, en donde se han logrado resolver arreglos institucionales.

Para lograr nuestros objetivos, tanto individuales como colectivos, los legisladores requerimos de la cooperación de la sociedad. Y es que mientras se enaltecen los logros de la transición democrática, se olvida que se requiere la construcción de una sociedad informada. ¿Cómo lo logramos? Con legisladores que rindamos cuentas a nuestros electores para abonar en la consolidación de un Estado democrático.

Tuvimos un gobierno que no comprendía la importancia de la acción ciudadana en la consolidación de la democracia y a la vez, buena parte de la ciudadanía no fue capaz de unificar criterios en pos de un nuevo pacto democrático que regulara las relaciones entre sociedad y gobierno. Se ha venido definiendo el cómo exigirle a los gobernantes mejores cuentas.

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN. La transparencia, al igual que la democracia, recorrió un camino lleno de obstáculos para integrarse a la vida pública. Es con esta herramienta democrática que la ciudadanía ha tenido mayor claridad, información y comunicación en las relaciones entre gobernados y gobernantes. Facilitó, mediante reglas definidas, que el Estado se encuentre libre de secrecía y sea, en un ejercicio democrático, vigilado por la ciudadanía. Para arribar a tales atributos, fue necesario, para el caso de México, la gestación de trascendentales cambios políticos, mismos que fueron allanando el camino para la implementación de una legislación en la materia.

El desarrollo de la transparencia, en su práctica cotidiana, corrió al paralelo del avance democrático en el mundo occidental, gestándose con ello una relación en donde la transparencia y la rendición de cuentas no puede concebirse sin la democracia y viceversa. Un valor agregado y relevante que conlleva la transparencia es justamente el tema de la rendición de cuentas de los gobernantes frente a la ciudadanía; dicha acción representa una característica fundamental que otorga legitimidad a todo régimen democrático. El reto para los legisladores es que nos convirtamos en actores sociales que fomenten, a partir de nuestras acciones, la consolidación de la transparencia gubernamental.

La solución ética es pues la opción más clara para que, por ejemplo, las instituciones realmente permitan el acceso a los ciudadanos a la información pública, incluida (de la que no hubo tiempo de analizar en este texto), la catalogada como reservada y confidencial. De igual modo, mientras la ética no permee en la administración pública, resultará complicado el que en verdad se transparente la gestión pública y se favorezca la rendición de cuentas de cara a los ciudadanos.

No debemos perder más tiempo y la oportunidad de que la consolidación de la democracia en México resulta un asunto vital y que la única ruta posible para lograrlo es, por un lado, la aprobación de una reforma integral del Estado y por el otro, la decidida participación de la ciudadanía.

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