Las protestas de la CNTE contra la reforma educativa que ocurren en esta ciudad remiten, inevitablemente, al levantamiento popular que sacudió a Oaxaca entre 2005 (a finales del gobierno de (Vicente Fox) y 2006 (a principios del de Felipe Calderón). Aquel episodio de la historia nacional dejó tras de sí muerte, represión, miedo, confrontación social, inestabilidad política y pérdidas de todo tipo.

Un desenlace similar en este capítulo del conflicto magisterial, con la ciudad de México como caja de resonancia nacional e internacional, no nos traería nada bueno. Pero la historia suele repetirse, más cuando se olvida o se decide ignorarla.

Oaxaca era gobernado aquellos días por Ulises Ruiz. Su secretario general y álter ego en 2005, el actual diputado federal Jorge Franco Vargas, le garantizó solución inmediata a las demandas económicas que cada año plantea la sección 22 de la CNTE al gobierno local. La soberbia y la falta de operación política impidió un arreglo y los maestros tomaron el zócalo de la ciudad. Los estrategas de seguridad de Ruiz y Vargas, dos marinos traídos del Cisen: Manuel Vera Salinas y Manuel Moreno Rivas, aseguraron que en 10 minutos resolvían el problema. No fue así. Lo único que hicieron fue desalojar a palos a los maestros.

La reacción magisterial fue el inicio de una avalancha: retomaron el zócalo oaxaqueño, ampliaron el plantón, extendieron la protesta y, sobre todo, concitaron el apoyo de diversas organizaciones sociales, lo que dio origen a la APPO y le dio una dimensión más profunda y popular a la protesta. Ya no era sólo otra expresión del conflicto de los maestros, sino un desafío al gobierno y una demanda concreta: la dimisión de Ulises Ruiz.

Llegó así el 25 de noviembre de 2006: faltaban cinco días para que terminara el gobierno de Fox y nadie tenía la certeza de que, cinco días después, Calderón pudiera rendir protesta en el Congreso. Aquel día, la Policía Federal chocó con la APPO y rompió la protesta a sangre y palos. ¿Solucionó el conflicto? No, sigue vigente.

Ahora ha sido atizado por una reforma constitucional educativa que sin duda es necesaria, pero que por lo pronto parece atorada en lo laboral. El gobierno federal considera (y siembra el mensaje mediático) de que los maestros de la CNTE no quieren ser evaluados. Pero ellos dicen que no rehúyen a la evaluación, sino que no aceptan los términos de la que se les quiere imponer.

En esa lógica, sus protestas en marzo pasado: bloquearon por horas, durante varios días, la Autopista del Sol y estuvieron a punto de chocar con la Policía Federal. Una negociación política lo impidió. La reforma constitucional ya había sido aprobada, pero se les ofreció incorporar sus propuestas a las normas reglamentarias.

Pero no fue así, les dieron atole con el dedo: el miércoles bloquearon San Lázaro para impedir la instalación del periodo extraordinario, obligaron al Congreso a sesionar en sedes alternas y consiguieron sacar de la agenda la Ley del Servicio Profesional Docente. Pero las otras leyes reglamentarias fueron aprobadas. Entonces decidieron bloquear el viernes, por 11 horas, las vías de acceso al aeropuerto. Los más radicales son los de Oaxaca. La Segob logró que desbloquearan la vialidad, San Lázaro y el Senado con el ofrecimiento de que hoy serán recibidos por los líderes parlamentarios, pero con la advertencia de que no hay marcha atrás en la reforma.

Instantánea

1. CALIDAD. Respecto a este conflicto, el líder del SNTE, Juan Díaz de la Torre, señala que el desafío para el país es elevar los indicadores de la calidad educativa con las reformas en curso que, asegura, no afectan los derechos laborales de sus agremiados.

2. VERACRUZ. El Congreso del estado aprobó por unanimidad el rediseño de gobierno propuesto por el Ejecutivo local, Javier Duarte: la Secretaría de Gobierno asumirá tareas de Jefatura de Gabinete; la Secretaría de Comunicaciones se transforma en Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas; la de Seguridad Pública añadirá a sus funciones las políticas penitenciarias y de transporte; y la Dirección de Atención a Migrantes pasará a depender de la Secretaría de Gobierno.

3. REPRESENTACIÓN. La presidencia del grupo de alcaldes de la zona centro del país ante el Consejo de Seguridad Municipal dependiente de la Secretaría de Gobernación, fue asignada a Mauricio Toledo, jefe delegacional de Coyoacán en el Distrito Federal.