Impunidad es lo que reclaman

Vie, 26/04/2013 - 00:00

Un recuento del conflicto del CCH de la UNAM acaso permita entender con mayor claridad por qué la toma de la Rectoría y qué es lo que en realidad quieren quienes de ella se posesionaron. El conflicto empezó en el CCH Naucalpan el viernes 1 de febrero cuando un grupo de estudiantes se enfrentó con maestros y trabajadores administrativos. Éstos habían impedido la entrada al plantel de un alumno alcoholizado. Consecuencia de la reyerta fue la expulsión de seis alumnos y la denuncia penal de otros cinco. Los afectados dijeron que las expulsiones y denuncias eran un castigo a quienes se han opuesto a la “actualización” del CCH.

Como si la referida “actualización” fuera un hecho consumado, ese grupo de jóvenes jamás explicó en qué consistía ni dijo que el plan estaba sometido a un intenso debate abierto hasta noviembre próximo.

La “actualización” pretende, básicamente, mejorar los planes de estudio y la formación de los profesores; añadir a la currícula la educación física; impartir inglés los tres años y agregar el francés como segunda lengua optativa; redefinir el perfil del egresado; un horario continuo en dos turnos y clases de 1 hora 50 minutos, además de mejorar los esquemas de selección de materias y poner en práctica tutoriales mediante cursos en línea.

El martes 5 de febrero, quienes se dijeron alumnos del CCH tomaron violentamente la dirección general de la institución en Ciudad Universitaria. Los destrozos y sustracción de equipos y materiales tipificaron delitos que fueron denunciados por las autoridades universitarias ante el MP. Los responsables de cometerlos dijeron que no dialogarían para el desalojo de las instalaciones hasta que se suspendieran los referidos puntos de la “actualización” (que, se insiste, aún están a debate), se readmitiera a los seis expulsados y se retiraran las denuncias penales contra los otros cinco.

Luego de 14 días liberaron las oficinas generales del CCH tras firmar con las autoridades un acuerdo de tres puntos: revisar con los directivos las expulsiones y denuncias; no aplicar ninguna sanción por los destrozos cometidos en la toma de las instalaciones de la Dirección General, y debatir la “actualización” del Colegio, ejercicio que, decíamos, está abierto hasta noviembre.

En el transcurso de los siguientes días, el Tribunal Universitario, que es la instancia de la máxima casa de estudios para sancionar a maestros y estudiantes que cometan graves faltas contra la institución, ratificó la expulsión de los cinco estudiantes del CCH Naucalpan.

Y así llegamos al viernes de hace una semana, cuando un grupo de embozados que se dicen estudiantes del CCH irrumpieron en la Rectoría de la UNAM sin que antes hubieran solicitado diálogo o hecho alguna reivindicación.

Ya en posesión del inmueble declararon que no lo entregarían si no se cumplían sus demandas. Tres las definen como irrenunciables: ninguna represalia por haber tomado Rectoría, desistimiento de las demandas penales existentes y readmisión de los expulsados. Y otras que consideran negociables: consulta amplia sobre la “actualización” del CCH (lo que de hecho ya ocurre), desaparición del Tribunal Universitario y sanciones a los responsables de los hechos violentos del 1 y 5 de febrero que, hasta donde se sabe, fueron ellos mismos.

La Rectoría ha respondido que no dialogará mientras estén tomadas las instalaciones y ha dejado en manos de la PGR la decisión de ordenar su desalojo a partir de las denuncias hechas por las autoridades.

De esto puede concluirse que lo que en realidad piden estos jóvenes se resume en una palabra: impunidad. Por lo tanto, desalojarlos y procesar a los responsables cabe en la lógica de lo sucedido. Pero cuidado: detrás de estos radicales siempre hay mano negra que acaba desprestigiando a la UNAM y que, por lo tanto, margina del aparato institucional del Estado a la universidad pública.

Así ha ocurrido con otros episodios similares: en 1966, cuando el hijo del gobernador de Sinaloa, Leopoldo Sánchez Celis, entró a Rectoría al frente de un grupo de estudiantes de Derecho que exigían la destitución del director de la Facultad, la derogación de un artículo de la legislación universitaria que permitía expulsar a cualquier indisciplinado y la defensa del pase automático, pero que en realidad buscaba vejar al rector Ignacio Chávez, que había caído de la gracia del presidente Díaz Ordaz; o en 1972, cuando Miguel Castro Bustos y Mario Falcón, a la cabeza de un grupo de normalistas, tomaron la Rectoría para exigerle al doctor Pablo González Casanova una inscripción que no obtuvieron por los conductos correspondientes, pero que al final se supo estaban patrocinados por el gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Figueroa, para desprestigiar al rector y a la Universidad.

Por eso, cuidado con la decisión a tomar. Todavía hay tiempo de privilegiar la prudencia y la contención de quienes exigen a gritos la mano dura. Hay que evitar, sobre todas las cosas, que el problema se magnifique y acabe en un daño más para la universidad pública.

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