Uno de los derechos más importantes para toda persona es tener acceso a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, como lo mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Desafortunadamente, este derecho humano no ha sido efectivo para los mexicanos en los últimos años, derivado de una política pública desordenada que privilegió la construcción de vivienda con una visión unilateral, las cuales no avizoraron las desventajas para sus potenciales usuarios con motivo de la dispersión urbana hacia las periferias de las ciudades.

La oferta de vivienda alejada de los centros laborales trajo consigo no sólo la aparición de ciudades ‘fantasma’, sino consecuencias graves en la calidad de vida de las personas a propósito de diversos factores asociados al ‘urban sprawl’ (la dispersión urbana), tales como un transporte público inexistente o ineficaz que permita desplazarse del hogar al centro de trabajo; o la imposibilidad de acceder a servicios básicos como son la dotación de agua potable, electricidad, drenaje y, en general, una infraestructura urbana con espacios públicos que detonen posibilidades de convivencia más amables.

Si este escenario hubiese sido la excepción, no habría razón de asumir una política de vivienda con un cambio de paradigma como lo ha hecho la administración del presidente Enrique Peña Nieto; sin embargo, heredó un grave problema, pues al cierre de 2013 se reportaban 120 mil casas vacías en todo el territorio nacional, de las cuales más del 10% eran objeto del vandalismo.

Ante tal realidad, la apuesta del gobierno de la República fue iniciar el cambio para revertir el anarquismo de la expansión urbana, se trata de construir vivienda digna en polígonos muy específicos, mediante el uso del territorio de manera eficaz, compactando las ciudades —hoy en promedio se registran 23 viviendas por hectárea— debido a la presencia de grandes manchas seudourbanas donde se aprecian asentamientos humanos irregulares con apenas diez casas por hectárea, y esto es lo que ya no puede permitirse.

Con tal razonamiento, es digno de resaltar en el marco de los Resultados de la Política Nacional de Vivienda 2014, la complicidad de la banca comercial para lograr estas metas; otorgará mil 200 millones de pesos en créditos para este año a fin de impulsar la construcción y remodelación de vivienda.

Por lo pronto, la creación de 420 mil nuevas viviendas en este 2015, deberá atender a las características de la nueva política urbana.

Los resultados indican que México avanza por el camino correcto, tan sólo el año pasado se generaron un millón de acciones en el sector con los 350 mil millones de pesos destinados por el gobierno federal.

Insisto, la vivienda es muy importante para el desarrollo. Especialmente cuando la Secretaría de Hacienda ha advertido del escenario económico adverso para el 2016, derivado de un entorno persistente de la caída de los precios del petróleo. Ya se instrumentó un ajuste preventivo del 0.7% del Producto Interno Bruto —124 mil mdp— y se anunció la presentación de un presupuesto base cero para 2016, esto es que todos los programas federales sufrirán una revisión estrictamente técnica para valorar su continuidad o no.

Por fortuna, la vivienda es hoy por hoy la segunda actividad industrial más importante del país, rebasada por otro gran sector —muy generoso con México— como es el automotriz. En el 2014 generó 138 mil nuevos empleos y sus insumos son casi en la totalidad hechos en el país.

En suma, con acciones concretas como las del sector de la vivienda se rinde cuentas y se garantiza a la población la oportunidad de realizar un sueño compartido por millones de personas: tener una vivienda digna que permita mejorar su calidad de vida. ¡Enhorabuena!