El domingo pasado, militantes de Morena sufrieron agresiones en la delegación Venustiano Carranza. Al tratar de realizar un foro sobre la reforma política donde estuvieron involucrados dirigentes perredistas y grupos de golpeadores.

Lamentablemente, estos hechos de violencia no son aislados, sino que muestran una conducta recurrente en el Gobierno de la Ciudad de México y con el Partido de la Revolución Democrática en lo que va de la presente administración.

Los perredistas, solapados por el gobierno, se han distinguido por reprimir y agredir a quienes participan en actividades políticas pacíficas desde la oposición, tal como ocurrió con el movimiento de solidaridad con las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa y con los militantes de Morena agredidos y hostigados durante la campaña electoral pasada.

Las agresiones ocurridas el día de ayer en la delegación Venustiano Carranza son un signo de barbarie y descomposición de los gobiernos perredistas.

Significa, además, la cancelación de los derechos de reunión, de asociación y manifestación que están consagrados en la Constitución. Esto ocurre en buena medida en Venustiano Carranza pero también en Gustavo A. Madero y Coyoacán.

Las acciones violentas son inadmisibles y la ausencia de la autoridad ante estos casos ya es una política del gobierno de la Ciudad de México.

En días pasados, Patricia Ruiz Anchondo, ex candidata de Morena a la jefatura delegacional de Venustiano Carranza, fue detenida por elementos policiacos por repartir propaganda y, en cambio, los grupos que agredieron ayer a militantes de Morena actuaron con toda impunidad aunque efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública se encontraban cerca de los hechos.

Este tipo de situaciones son el ejemplo de que existe un riesgo de retroceso en el proceso de elaboración de la Constitución de la Ciudad de México.

Sin embargo, el gobierno de la ciudad debe brindar garantías para que se dé un proceso de discusión sobre la reforma política y la elaboración de la Constitución local; no se debe esperar a la creación de la Constitución para que su gobierno sea progresista, liberal y de izquierda y que respete los derechos de todas y de todos.

El principal responsable de garantizar la tranquilidad, la paz y el ejercicio de los derechos en la Ciudad de México es el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.
Hoy existe un doble discurso del jefe de Gobierno: por un lado se rodea de personalidades en el tema de la Constitución de la Ciudad de México; por otro lado, deja libres a este tipo de jaurías en distintos puntos de la ciudad.

Por lo tanto, exigimos al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México que garantice la libre discusión, el libre debate, la libre circulación de las ideas que son los ideales más preciados.