Dos mujeres otomíes doblan a la PGR

Lun, 25/11/2013 - 05:00

En marzo de 2006, durante un operativo contra vendedores de películas y videos “pirata”, las indígenas otomíes Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio fueron acusadas de secuestrar en el tianguis de Santiago Mexquititlán, Querétaro, a seis policías de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), entonces dirigida por Genaro García Luna, cuyo jefe era el hoy consejero de la Judicatura, Daniel Francisco Cabeza de Baca, último de los tres procuradores generales que tuvo Vicente Fox.

De la inverosímil imputación sólo se presentó como evidencia una fotografía publicada por el periódico local: Alberta y Teresa se veían al lado de los bien armados “afis”. Sin embargo, las dos mujeres otomíes fueron encarceladas en San José del Alto, procesadas y sentenciadas a 21 años de prisión por privación ilegal de la libertad de servidores públicos.

La sentencia del juez cuarto de Querétaro, Alfredo Pedraza Longhi, fue apelada por las dos otomíes ya en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, cuando García Luna era el todopoderoso secretario federal de Seguridad Pública.

Durante aquellas diligencias estuvieron al frente de por la PGR, el hoy embajador en Washington, Eduardo Medina Mora, el ultraconservador panista Arturo Chávez y Marisela Morales, hoy cónsul en Milán.

Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y el Centro Miguel Agustín Pro Juárez presionaron severamente al gobierno mexicano ante lo inverosímil e injusto del caso y presentaron pruebas contundentes de la inocencia de las indígenas al grado de que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación las declaró inocentes y ordenó su inmediata liberación el 28 de abril de 2010.

Aquel día, en sesión histórica, la Corte se erigió en tribunal de apelación —por primera vez desde la reforma al sistema de justicia de 2005— para revisar una sentencia dictada en litigio penal. Los cinco ministros de la primera sala coincidieron en que hubo una desafortunada injusticia y diversas violaciones procesales en el juicio contra Alberta y Teresa, quienes fueron excarceladas a las seis de la tarde del penal de San José El Alto.

La Corte determinó que ni siquiera se acreditó que haya habido secuestro y que los seis agentes de la extinta AFI (hoy Policía Federal Ministerial), incurrieron en infinidad de contradicciones. También destacó que la PGR no aportó evidencia adicional que demostrara la participación de las acusadas en el supuesto plagio.

El recuento de esta historia es hoy pertinente porque Alberta y Teresa, libres y sabedoras de su inocencia y de que a los responsables de haberlas tenido injustamente cuatro años en prisión permanecen impunes, demandaron a la PGR la reparación de daño ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativo.

Éste dictaminó, el pasado 20 de noviembre, que la PGR deberá pagarle a cada una de ellas un millón y 72 mil 624 pesos de indemnización por daño moral y patrimonial, además de ofrecerles a ambas una disculpa pública.

De casos como el de estas dos mujeres están llenas las cárceles del país. Qué desgracia.

Instantánea

1. ¿SERÁ cierto que la PGR sabe que en la detención de Édgar Valdés Villarreal , alias La Barbie, la Policía Federal entonces al mando de Facundo Rosas y Genaro García Luna hicieron un montaje en el que también fueron detenidas al menos cuatro personas que están en prisión siendo inocentes y a los que se les arrancó mediante torturas la confesión? Quizás no haya demanda, pero sería bueno saber si de esto está enterado el procurador Jesús Murillo Karam.

2. ACORDÓ el PRD en su asamblea de este fin de semana salir del Pacto por México en caso de que se apruebe la reforma energética. Para entonces estarán aprobadas todas las reformas neoliberales planteadas por Enrique Peña Nieto. ¿Cuál es el amago? Ya ni la burla perdona.

3. NOMBRAMIENTO. Paloma Silva de Anzorena fue nombrada por el presidente Peña Nieto como directora general de la Comisión Nacional de Vivienda. El viernes pasado le dio posesión del cargo Jorge Carlos Ramírez Marín, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

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