Mañana se cumplirá un año del abominable crimen de Iguala y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Mucho se ha hecho y dicho al respecto, en el transcurso de 365 días. Pero en términos prácticos, seguimos como al principio: no se conoce el paradero de esos jóvenes y la hipótesis de la incineración en un basurero, enarbolada por la PGR, ha sido severamente cuestionada por los padres de las víctimas, instancias internacionales que los apoyan y un dilatado sector de la población.

Al cabo de un año de la atrocidad, el presidente Peña Nieto volvió a reunirse con los padres de Ayotzinapa, lo que sin duda destensa la situación, pero que por lo pronto queda en el terreno de los discursos y los compromisos, del que no se ha pasado hasta ahora.

Del encuentro de ayer en el Museo Tecnológico de la CFE, estos fueron los principales señalamientos presidenciales: el gobierno está del lado de las víctimas y no hay ni habrá carpetazo del asunto hasta que se haga justicia.

Además, un informe de la PGR: 111 detenidos (52 policías de Iguala, 19 de Cocula y 40 miembros de una organización criminal, además del ex alcalde de Iguala y su esposa), 135 muestras de ADN, 577 declaraciones ministeriales, 667 inspecciones al lugar de los hechos y 349 sobrevuelos de búsqueda (255 tripulados y 94 no tripulados).

De los padres de Ayotzinapa, un pliego petitorio de ocho puntos entre los que destaca la creación de una unidad especializada de investigación para ese caso específico con dos instancias: una que siga la búsqueda y deslinde responsabilidades, y otra que determine y castigue a los funcionarios que hicieron las investigaciones de manera irregular.

Peña Nieto concedió la creación de una fiscalía especial para la investigación de personas desaparecidas, pero así en general, no el caso específico como le pidieron los padres. Y dio otras instrucciones: investigar a todos los posibles responsables (¿ahora sí se profundizará en la participación en estos hechos, por acción u omisión, del 27 Batallón del Ejército?); integrar a la averiguación de la PGR las líneas sugeridas en el informe del grupo de expertos de la CIDH; determinar qué pasó con todos y cada uno de los 43 desaparecidos; y realizar un peritaje, del más alto nivel, del basurero de Cocula.

Pese a lo transcurrido y a lo hecho en ese lapso, estamos prácticamente donde empezamos.

2. OAXACA. La Corte ordenó ayer al gobierno de Oaxaca y a su Congreso, homologar a su legislación local la llamada reforma educativa. Le fijó un plazo de seis meses por lo que esta resolución deberá haber sido acatada a más tardar en diciembre próximo. De no acatarse, explicó el ministro José Ramón Cosío, seguiría la destitución del gobernador Gabino Cué y de la legislatura oaxaqueña.

3. PREOCUPACIÓN del secretario de Economía, Ildefonso Guajardo y del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, por el impacto que inevitablemente tendrá la crisis mundial de Volkswagen por vender autos con los sistemas de control de emisiones contaminantes alterados. El problema, a no dudarlo, afectará la producción de vehículos en la planta poblana y, consecuentemente, la venta de unidades para el mercado interno y la exportación.

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