La privatización de un parque

Mié, 25/09/2013 - 05:00

En las primeras horas de ayer hubo un enfrentamiento en el parque Reforma Social, uno de los más grandes y antiguos espacios públicos de las Lomas de Chapultepec; 350 personas armadas con palos y tubos que se presentaron como empleados de una constructora, llegaron a bardear parte de ese parque que es, dijeron, propiedad privada. Pero se encontraron con vecinos, también con palos, que desde hace varios días ahí pernoctan —explicaron— en defensa del parque. Ocho personas resultaron heridas y varios autos dañados. Se colocaron las bardas y los vecinos decidieron bloquear entre las calles de Sierra Mojada y Tecamachalco, donde se encuentra esta área verde.

El problema tiene más de medio siglo, pero está tan vivo como el enfrentamiento de ayer. En 1946, el señor Carlos Cuevas Lascuraín, uno de los herederos de La Hacienda de los Morales (cuyo casco es hoy un elegante restaurante y salón de eventos) vendió al gobierno (a finales de la regencia de Javier Rojo Gómez y de la presidencia de Manuel Ávila Camacho) un polígono de 290 mil metros cuadrados en los que se levantaría no sólo la colonia Reforma Social, sino las Lomas de Chapultepec, Polanco, Bosques Anzures y Granada.

La Secretaría de Hacienda pagó a Cuevas Lascuráin 418 mil 830 pesos y diez centavos de entonces, por ese enorme terreno del que 29 mil metros cuadrados en la barranca de Tecamachalco y el río Los Morales corresponderían, 51 años después, al parque hoy en disputa.

Y es que en 1977 (durante la regencia de Carlos Hank González y la presidencia de José López Portillo) fue creado el parque Reforma Social para los vecinos de la colonia del mismo nombre. Ese mismo año, los Cuevas Lascuráin reclamaron la titularidad del parque argumentando que esa superficie nunca formó parte del terreno que su familia vendió al gobierno.

En 1996 (durante la regencia de Óscar Espinosa Villarreal y la presidencia de Ernesto Zedillo), tras casi 20 años de proceso, el juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa dio la razón a los particulares y decretó la devolución de este parque que hoy tiene un valor comercial estimado en mil 800 millones de pesos.

Pero esta sentencia fue ignorada otras dos décadas hasta que en 2008 (durante la jefatura de gobierno de Marcelo Ebrard y la presidencia de Felipe Calderón), la Suprema Corte de Justicia ordenó no sólo cumplir de forma inmediata la entrega de esos 29 mil metros cuadrados, sino de otros 5 mil metros cuadrados más que los demandantes jamás reclamaron, para sumar los 34 mil metros cuadrados del parque.

Los vecinos argumentan que se trata de un atraco. Explican que la escritura 1613 del 13 de septiembre de 1913 estabelce claramente como lindero sureste el río de Los Morales. En 1980, sin embargo, el juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa ordenó al perito Pablo Acosta Jiménez verificar el trazo señalado en la escritura e informó, equivocadamente, que el lindero sureste era “la avenida Tecamachalco y no el río de Los Remedios”, lo que ni siquiera menciona el documento de propiedad ya que dicha vialidad no existía cuando se expidió. Esta maniobra —explican los afectados— fue lo que dejó al parque dentro del terreno reclamado por los Cuevas Lascuráin.

Esa es la historia de un lindero ignorado por peritos y jueces, detrás de lo que hay, sin duda, un negocio inmobiliario multimillonario. Los Cuevas Lascuráin plantean como solución dejar la mitad del terreno como parque y la otra convertirla en una plaza comercial. Los vecinos se oponen y para ello han conformado la Asamblea de Vecinos por la Defensa del Parque Reforma Social.

Leticia Bonifaz, la abogada de la ciudad durante el gobierno de Ebrard, recomendó a los colonos que ahora que estaba demostrada la propiedad del parque era mejor quedarse con la mitad, a perderlo todo.

El jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera ya dijo que no va a permitir que personas violentas irrumpan en una propiedad privada. Ya fijó así su posición ante el conflicto. Pero el delegado en Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, no descarta la posibilidad de promover una expropiación por causas de utilidad pública. ¿A ver qué sigue?

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