En días pasados una comisión de cinco ciudadanos encabezados por Andrés Manuel López Obrador notificó de manera formal al presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República sobre su intención de solicitar se realice una consulta popular sobre la privatización del petróleo. El hecho abre una nueva etapa en la lucha por la defensa de nuestros recursos naturales.

Para lograr que se pregunte a la ciudadanía sobre este importante tema de interés nacional, es preciso reunir las firmas de un millón 600 mil ciudadanos, que representan 2% de los inscritos en el padrón electoral. De lograrse este número de rúbricas requeridas por la Ley Federal de Consulta Popular, el Congreso de la Unión tendrá la obligación de convocar a la consulta ciudadana sobre la reforma energética.

Se trata de una tarea prioritaria para el movimiento en defensa del petróleo ya que el cúmulo de firmas debe entregarse a la Cámara de Senadores antes del 1 de septiembre de este año.

Es evidente que se tuvo que consultar a la gente antes de aprobar la llamada reforma energética. Pese a ello, es importante impulsar que se consulte la opinión de la sociedad ya que se debe recurrir a todas las formas legales y pacíficas para evitar que el petróleo sea entregado a manos privadas.

Es importante tener en cuenta que el impulso de la consulta se suma a la denuncia por traición a la patria interpuesta por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) contra Enrique Peña Nieto y el amparo que impulsa un grupo de senadores contra el procedimiento mediante el cual se aprobó la llamada reforma energética.

Con la consulta no se agotan las vías legales y pacíficas para defender la posesión del hidrocarburo.

Se tienen contempladas otras acciones para continuar esta lucha que es determinante para el futuro de la nación.

La ruta para lograr la consulta popular en materia energética es la siguiente: una vez que se reciba el formato aprobado por el Senado para recolectar las firmas, Morena se dará a esta tarea.

Cuando se reúna el número de rúbricas que pide la ley se entregarán los formatos llenos a la Cámara de Senadores, instancia que enviará los mismos al Instituto Nacional Electoral (INE), que tendrá la tarea de certificar que el número de ciudadanos que apoyen la consulta sea igual a 2% del padrón electoral.

Una vez hecho esto, el Senado consultará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la constitucionalidad de la pregunta.

Concluido este proceso se aprobará la realización de la consulta y en el proceso electoral de 2015, además de votar por los distintos candidatos a puestos de elección popular, la ciudadanía recibirá una boleta para emitir su opinión sobre el tema energético.

Se trata de una nueva etapa de lucha que debemos aprovechar. Apoyar con nuestra firma la celebración de la consulta popular significa también respaldar el futuro de las nuevas generaciones y la viabilidad de nuestra nación. Muy pronto los promotores de la consulta se desplegarán por todo el país.

Para respaldar esta iniciativa sólo se necesitan los datos de nuestra credencial de elector y firmar el formato. Es tiempo de hacer valer la opinión del pueblo.