Gasoducto Morelos

Mié, 25/02/2015 - 05:00

El gasoducto Morelos forma parte del Proyecto Integral Morelos, que cuenta con dos termoeléctricas y un acueducto, que tiene como objetivo proveer de energía a las industrias de la región centro del país, que se instalen a lo largo de los ramales y del ducto principal.

A través del engaño, la amenaza y la represión, las autoridades, tanto locales como federales, violan sistemáticamente los derechos humanos de los pueblos para lograr la instalación de la tubería.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), en el portal de internet, promueve el proyecto, como parte de una red nacional en proceso, para atender “el crecimiento del sector eléctrico en el centro del país, de acuerdo con el Programa de Obras del Sector Eléctrico Nacional.”

Ahí mismo, señalan que el gasoducto es necesario para satisfacer la demanda de energía y evitar el consumo de combustóleo y otros refinados, para suplirlos con gas, con lo que supuestamente mejorarán las condiciones ambientales.

Sin embargo, lo que está detrás de este proyecto es la explotación del gas shale o de esquisto, que forma parte de la reforma energética y que representa un atentado contra el medio ambiente por la fracturación del subsuelo, necesaria para la extracción del hidrocarburo.

Lejos de beneficiar a la población, el proyecto favorece a las empresas trasnacionales como Elecnor, Abengoa, Bonatti SPA y Gasoducto de Morelos SA de CV.

De manera irresponsable, el proyecto del gasoducto se plantea en una zona volcánica, que a todas luces representa inestabilidad y un riesgo latente para la zona debido a las posibles fugas o explosiones y por atravesar zonas de riesgo volcánico.

Campesinos, amas de casa e indígenas agrupados en la Coalición de los Pueblos del Popocatépetl, con la asesoría técnica del Instituto de Geofísica de la UNAM y el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales, (Cupreder) de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), han realizado diversas acciones jurídicas, entre las que se encuentra una amparo colectivo en contra de “la instalación forzada del gasoducto Morelos”, que se construye en la zona de alto riesgo volcánico.

Las autoridades de diversos ayuntamientos como Nealtican, Tecuanipan, Atlixco, San Pedro Cholula y San Andrés Calpan, entre otros municipios, otorgaron el cambio de uso de suelo y las licencias de construcción, en contra de los propietarios de los predios.

Incluso, se ha utilizado la fuerza pública para continuar con la introducción de los ductos de gas, por lo que habitantes de las diversas comunidades han reaccionado mediante la protesta e impedido la entrada de maquinaria pesada para proteger sus parcelas sembradas con maíz y frijol.

 
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