Ayer se hizo público en medios de comunicación que el pasado 15 de septiembre, en Tlapa de Comonfort, Guerrero, Yndira Sandoval acudió a la cárcel municipal para dar una plática sobre violencia de género por invitación de la Universidad Autónoma de Guerrero. Hay enorme indignación entre defensoras de derechos humanos en México porque, más tarde, Yndira fue torturada y agredida sexualmente en una celda por una mujer, Claudia Juárez Gómez, agente en servicio de la policía municipal, quien antes la detuvo afuera de un consultorio médico cuando se disponía a retirar efectivo de un cajero automático para pagar la consulta. 

Según la nota de Sanjuana Martínez publicada ayer en el diario ‘La Jornada’ (p. 13), el 17 de septiembre se denunciaron los delitos de violación sexual, privación ilegal de la libertad y abuso de poder en la Fiscalía General de Guerrero. Al tiempo que la policía seguía sus pasos, Yndira siguió sus propios consejos y protocolos de actuación frente a la violencia de género, para descubrir la falta de acceso a la justicia y la indefensión a la que se enfrentan cotidianamente las mujeres en Guerrero, especialmente en la región de la Montaña, donde sucedió la agresión sexual. 

Hay dos aristas en este lamentable caso a considerar, que el doctor de Tlapa pensó que la paciente se iría sin pagar al no regresar del cajero automático y le echó a la policía y lo demás, es el abuso de autoridad cotidiano que se vive en el lugar o que el activismo de Yndira Sandoval en materia de equidad de género se ha desarrollado desde las filas partidistas de la izquierda y, por tanto, su trabajo es social, pero también es político. Es decir, que Sandoval recibió un mensaje de los poderes fácticos guerrerenses tan recurrentes en tiempos de sucesión presidencial. 

En 2011, Sandoval realizó un ayuno de poco más de 100 horas afuera de la Secretaría de Gobernación para protestar por los feminicidios en México. Antes, protestó porque la bajaron de la candidatura para jefa de gobierno en Iztapalapa, por darle el lugar a ‘Juanito’. Y así, el trabajo político de esta mujer ha sido contracorriente en un sistema político y una sociedad diseñados y hechos mayoritariamente y de manera histórica, por hombres. 

Hay otra pregunta respecto a esta situación, ¿por qué la denuncia pública un mes después de los lamentables hechos? Y no se juzga el silencio, ya que la víctima denunció ante la autoridad prácticamente después del momento en que sucedieron. Pero es una pregunta que se deben hacer las organizaciones de la sociedad civil que, desde ahora, pondrán atención en el caso de Yndira Sandoval. El asunto es que según fuentes cercanas a la víctima, Sanjuana Martínez envío esta colaboración especial a ‘La Jornada’ porque el hostigamiento policial continuó contra Yndira, incluso fuera de la región de la Montaña de Guerrero; también la han seguido en la Ciudad de México, no puede estar tranquila ni en su propia casa. Por eso el llamado de alerta a la sociedad, a la llamada opinión pública nacional. Los mecanismos de protección a los derechos humanos en la capital del país están a prueba. 

Periscopio. Fue justo el 15 de septiembre que la verbena nacional se vio entristecida en el sentimiento colectivo por la desaparición de la joven Mara Castilla, luego de abordar un servicio de Cabify en Cholula, Puebla. 

Bitácora de lo absurdo. ¿Cómo va a hacer el IFE para atender las quejas de la incompetencia de la aplicación para teléfonos móviles que se supone debería servir como panacea para la recolección de firmas de los candidatos independientes a puestos de elección popular a nivel federal el año entrante? Marichuy se queja porque en la mayoría de los pueblos indígenas no hay ni servicio de Internet, mucho menos teléfonos celulares de generación reciente. ‘El Jaguar’ con placas de Guerrero también se quejó por los “bugs” que tiene la aplicación y que la hacen incompetente, debido a que el INE la lanzó sin hacer las pruebas de calidad para mejorar su desempeño. 

t@LeoAgusto